Se ha hecho una práctica permanente en horas de ingreso y salida de los estudiantes en los colegios de San Pedro de LLoc, que las calles adyacentes sean cerradas al tránsito vehicular por parte de brigadas de padres de familia, reforzadas por algunos profesores e incluso por personal del gobierno local. Incluso se la ha asumido esta práctica paulatina y quizás silenciosamente, como correcta.

La protección del niño y adolescente es algo que está claramente determinada por las leyes y nadie podrá estar en desacuerdo de que es un deber de todos hacerlo. Sin embargo, deseo plantear una reflexión –que, aunque seguro podría causar controversia-, pretende trascender más allá del hecho objetivo de un potencial riesgo de accidente de tránsito a la equivocada educación integral que se está interiorizando en los educandos y probablemente reforzando, en los padres de familia.

La acción que se realiza diariamente puede desmenuzarse así:

1. Se elimina temporalmente el libre tránsito de los conductores de vehículos.

2. Las características de varias de las calles donde ello ocurre coinciden en que no hay vías alternas próximas para dar una alternativa viable a los conductores, como la I.E. 177 Niño Jesús de Praga y la I.E. José Andrés Rázuri Primaria; en este último caso ya se sabe de su cercanía con el Mercado de Abastos y lo caótico de dicha zona, que es casi intransitable.

En colegios como Santa Teresa, Lucrecia Vértiz y José Andrés Rázuri, sencillamente es innecesaria esta restricción.

3. Las próximas intersecciones a los lugares de conflicto son en varios casos lejanas, por la gran extensión del tamaño de las cuadras por recorrer.

4. De manera que con dicha medida -que linda con la arbitrariedad- se privilegia a un sector de la población (la escolar) y se perjudica a la mayoría.

Y es aquí donde es mi interés llevar a la reflexión sobre la formación y el mensaje con que se están formando los futuros ciudadanos de nuestra nación, que con seguridad lo replicarán de adultos: “Mi derecho está por encima de el de los demás, de las mayorías, de la sociedad”.

Un principio de la ley que se reconoce universalmente es el de “LA PREVALENCIA Y EL PREDOMINIO DEL INTERES GENERAL RESPECTO AL PARTICULAR”. Y por ello considero que el peligro que se presume evitar para los alumnos exige una visión más amplia de los sectores comprometidos, para dejar a un lado esta decisión facilista y emprender acciones coordinadas y conjuntas para una solución sólida y trascendente para nuestro bien como sociedad.

Del lado de los colegios y de la UGEL, esta realidad revela que hay deficiencias en la organización y procedimientos internos de los colegios; expone carencias en la formación cívica, en la enseñanza de los derechos de la persona humana, y específicamente en algo tan elemental como educar en el uso de la acera y de los cruceros peatonales.

En los niveles de inicial y primaria donde los niños concurren con sus padres, es primordial comprometer en lo mismo a estos últimos, quienes deben ser los primeros educadores y protectores. Y en cuanto a los estudiantes adolescentes su desarrollo cognitivo les permite suficientemente conducirse con responsabilidad por la vereda.

Del lado de la autoridad de gobierno ejercer con celo y plena responsabilidad sus competencias en el transporte y tránsito, con señalizaciones apropiadas, control de la velocidad de los vehículos y sanción firme de las infracciones en general que cometen los infractores. Acciones en las que obviamente debería apoyar y realizar de oficio –permanentemente-, la Policía Nacional, tan venida a menos en esta su competencia funcional.

Estoy convencido de que, en corto tiempo, con la aplicación de esta estrategia integral, que seguramente puede ser enriquecida por los especialistas o por experiencias de sociedades más evolucionadas, puede resolverse esta preocupación social que indirectamente está deformando el aprendizaje de los educandos sobre los límites del derecho personal respecto de los demás y silenciosamente nos retrasa como sociedad.