El Fujimorismo contra el Tribunal Constitucional: otra vez


Tal como en 1997, el fujimorismo repite la historia, hoy, de la mano de los apristas. Con mayoría en el Congreso, se aprestan a procesar y, tal como todo lo indica, también a destituir a cuatro magistrados del Tribunal Constitucional (TC): Manuel Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez y Eloy Espinoza-Saldaña Barrera. El motivo: haber subsanado un “error material” en la sentencia del caso El Frontón y con ello, permitir a la justicia ordinaria, el juzgamiento del mismo, como constitutivo de un crimen de lesa humanidad, con lo cual, la persecución penal sería imprescriptible y alcanzaría, no solo a los altos mandos de las fuerzas armadas, sino también al ex presidente Alan García, bajo la teoría del dominio del hecho, aplicada a Fujimori en los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

El tema se remonta a los días 18 y 19 de junio de 1986, cuando los presos por terrorismo en los penales El Frontón, Lurigancho y Santa Bárbara, se amotinaron de forma simultánea.  Sin embargo, en El Frontón, el motín fue resuelto de forma brutal: según el ex primer vicepresidente aprista 2006 – 2011, Luis Giampietri (Perú21, 01/10/2017), entonces miembro del FOES (grupo de la Marina de Guerra encargado de las operaciones defensivas y ofensivas de guerra no convencional), hubo 4 infantes de marina muertos y más de 20 heridos, pero agrega que del lado de los amotinados “no se sabe”; sin embargo, según Rosana Bond (En “Dia da Heroicidade: como foi a resistência” publicado en la revista brasileña A Nova Democracia, N° 90, junio de 2012), se asesinó a cerca de 250 “prisioneros políticos” del Partido Comunista Peruano.  He aquí la primera cuestión que el Estado peruano no ha determinado (aunque se habla de 113 muertos) y por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demandado una respuesta, ante la intervención de los familiares de los presos cuyos restos reclaman.

El caso fue inicialmente judicializado como asesinato agravado con los marinos directamente implicados, éstos exigieron la inclusión de sus jefes que ordenaron disparar. En 1989 se archivó el caso y en el 2000 fue reabierto por disposición de la CIDH. En el 2009 la justicia ordinaria dispuso encuadrar el caso bajo el concepto de lesa humanidad, saltándose así la prescripción incoada.  Los ex oficiales de la Marina de Guerra afectados, recurrieron en hábeas corpus que llegó, en última instancia, al TC; éste, en el 2013, resolvió a favor de seguir la investigación judicial de los hechos de El Frontón, bajo la condición de que “no pueden ser calificados como crimen de lesa humanidad, y en consecuencia, terminado el proceso penal opera la prescripción, sin posibilidad de nuevos procesamientos.” (Fundamento 68 de la Sentencia del Exp. 01969-2011-PHC/TC del 14/06/2013).  

La Procuraduría Pública, el Instituto de Defensa Legal (IDL), la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Asociación Pro Derechos Humanos, pidieron la subsanación de oficio del “error material” recaído en la decisión de fondo: que no se cuenta con los votos necesarios para conformar una sentencia válida respecto al fundamento 68.  Según los magistrados Blume Fortini y Sardón de Taboada, los solicitantes no tenían legitimidad procesal para incorporarse al proceso, y la solicitud fue presentada de forma extemporánea (entre 8 y 16 días después de notificada la sentencia, cuando el plazo legal era de 2 días).

Recién en marzo del 2017, el TC emitió el auto de subsanación.  Se consideró que el voto (la firma) del magistrado Juan Vergara Gotelli en la sentencia, era incongruente con la posición expuesta en su voto singular.  Es decir, Vergara, que había expuesto: “considero que resulta innecesario un pronunciamiento constitucional toda vez que aquella (la declaración de crimen de lesa humanidad) no es materia de la demanda ni de controversia en el caso”; aun así, firmó la sentencia que establecía lo contrario. Por ello, se retiró su firma a favor y también el fundamento 68 y el punto 1 de la parte resolutiva de la sentencia, con lo cual, se produjo paridad en la votación de tres a tres; pero, el magistrado Urviola Hani era el presidente del TC con voto decisorio en esta situación de paridad, por lo cual, a los votos en contra (de Urviola Hani, Etto Cruz y del propio Vergara Gotelli), se sumó el voto decisorio de Urviola, con lo cual se obtuvo la mayoría de votos del Pleno del TC que exige el Reglamento.  Siendo así, el Poder Judicial puede seguir procesando los hechos de El Frontón como crímenes de lesa humanidad.  Sometida a votación, firmaron: Miranda Canales, Ledesma Narváez, Ramos Núñez y Espinoza-Saldaña Barrera.

Urviola, en voto singular, manifestó su desacuerdo, enfatizando en la afectación no solo a la cosa juzgada sino también a la seguridad jurídica.  A su turno, Alan García (Caretas, 02/11/2017), ha calificado la decisión de “crimen jurídico” y en esa línea también, los 5 congresistas apristas.  Lo cierto es que el caso El Frontón no está cerrado, se encuentra en trámite ante el Poder Judicial y el TC, debido a la solicitud de reposición planteada por los agraviados y por ello, ninguna autoridad puede avocarse a causas pendientes aunque sí válidamente se pueda discrepar; sin embargo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha abierto proceso a estos cuatro magistrados por presunta prevaricación, situación que, como afirma el magistrado Ramos (La República, 05/11/2017), afecta no sólo la independencia del máximo ente constitucional, sino también, la autonomía judicial en general. 

Por el momento, ésta es la mejor defensa que tienen los magistrados denunciados; sin embargo, como es imposible pensar que los congresistas no lo entiendan así, es también válido sospechar de la utilización de este mecanismo político como medio de presión para orientar las decisiones jurídicas de los magistrados en la dirección de los intereses políticos del fujimorismo, tal como sucedió hace 20 años, en 1997, cuando, el Congreso de mayoría fujimorista también, bajo este mismo mecanismo, destituyó a tres magistrados del TC por oponerse a declarar aplicable, a Fujimori, la ley de “interpretación auténtica” que le habilitaba (inconstitucionalmente) postular a una tercera elección consecutiva en el año 2000. Si la historia se repite, es que no se ha aprendido nada de ella.

Voz de

Walter Tongombol Zapata, abogado