Los servicios de inteligencia y contrainteligencia peruanos parecen marchar al compás del partido gobernante de turno. Si esto no es así, quiere decir que hay un exceso por parte de quienes dirigen esos aparatos y obran por su cuenta lo cual es no creíble en un Estado donde hay jerarquías que se deben respetar, no se debe actuar por propia iniciativa en asuntos tan delicados. Si eso ocurre, hay una responsabilidad política del superior que permite arbitrariedades.

La reciente revelación periodística de que la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) ha rastreado propiedades de políticos, empresarios, periodistas ha puesto una vez más en jaque al Gobierno. Le ha dado una nueva herramienta a la oposición en su propósito de traerse abajo a la premier Ana Jara y a su gabinete. Los grupos opositores han anunciado su interés de conseguir un voto de censura para Jara.

Lo curioso de todo esto -y debemos decirlo una vez más para que no se nos tome el pelo o se nos trate como a tontos- es la forma cómo obran los voceros o los líderes de los partidos. Miran la paja en ojo ajeno y no la viga en el propio, o pretenden que olvidemos lo que se hizo cuando algunos de esos partidos fueron gobierno.

El fujimorismo, por ejemplo, ¿tiene calidad moral para acusar a este gobierno de la práctica denunciada y cuestionada?, ¿acaso creen que hemos olvidado todas las barbaridades que se perpetraron durante el gobierno del presidente Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos? El fujimorismo no solo se dedicó a espiar sino que, inclusive, implantó una política de terror contra sus opositores, llegando incluso al crimen.

En el caso del Apra, el diario El Comercio ha revelado que en el último semestre del segundo gobierno del presidente Alan García también se espió a más de 700 personas entre políticos, empresarios, destacadas figuras del propio partido, etc. Los dirigentes Omar Quesada y Jorge del Castillo pretenden negarlo diciendo que se trata de desacreditar, pero quien ha hecho la revelación es un periódico totalmente afín a ese partido y que, abiertamente, respalda una nueva candidatura presidencial de García Pérez. Así que intentar diluir la verdad con pueriles argumentos solo revela la catadura ética y moral de algunos personajes de la política peruana. Los hay de esa clase en todas las organizaciones políticas

Con recordar esto no se pretende justificar ni exonerar de responsabilidad política a la premier Ana Jara. Pero, debe servir para tomar con mucha reserva las opiniones de nuestros políticos y reclamarles rectificar conductas, ser honestos. No todos los peruanos somos desmemoriados. Basta ya de prostituir la política haciéndola descender hasta el fango por la forma cómo se la concibe y se practica. Debe iniciarse una tarea de profunda transformación de conductas orientándolas hacia la decencia y el cultivo de principios éticos y morales de los que nuestros políticos se han olvidado. La práctica denunciada, incuestionablemente, es censurable porque se hace por parte de un organismo del Estado. Pero no se olvide que la información que tiene Sunarp es pública y no debería llamar a escándalo si se trata de investigar a algunos políticos para saber si tienen fortunas económicas o no. Lo censurable es que eso lo haga un organismo del Estado que debe cumplir otra función.