En teoría, no hay explicación a la continuidad operativa de los delincuentes que se encuentran tras las rejas. En la práctica es fácil de entender, pues es producto de la corrupción que sigue reinando en los penales, por obra y gracia de malos elementos, supuestamente al servicio del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), y por ende a la sociedad. Pero que en la realidad operan a favor de los enemigos de la ley.

Mucho se promocionó la instalación de equipos para bloquear las llamadas de teléfonos celulares desde y hacia los penales. Eso resultó una farsa; la excusa que en su momento se dio es que debería esperarse un tiempo. Ese tiempo ha pasado y seguimos en las mismas. Ya no sorprende que se informe que desde la cárcel tal, el sentenciado fulano sigue dirigiendo su organización y realizando las llamadas extorsionadoras personalmente, pese a estar tras las rejas.

¿Cómo puede ocurrir?, ¿cómo es que esos delincuentes tienen teléfonos celulares y otras gollerías? Naturalmente eso no es gratuito, les ha costado buenos miles de soles para comprar a agentes corruptos dispuestos a hacerse de la vista gorda o favorecerlos directamente, a cambio de buenas sumas de dinero.

Es así como operan las mafias, y por eso son pocas las esperanzas para cambiar y recobrar la seguridad ciudadana, por más que buenos policías, buenos fiscales y buenos jueces se encarguen de investigar, denunciar y sancionar como corresponde, con penas de máxima severidad. Esos esfuerzos conjuntos se estrellan contra el accionar corrupto de agentes penitenciarios dispuestos a vender sus conciencias por unos pocos o muchos soles. ¿Cómo poner fin a esa ola de inmoralidad?

Nada se podrá conseguir en tanto se continúe con procedimientos flexibles aplicados desde el criterio de respeto al debido proceso que es un régimen que favorece al funcionario corrupto. Tiene que darse señales contundentes de que no se permitirá la impunidad. Pero, mientras las "sanciones" sean meras suspensiones temporales o se les traslade de un penal a otro, nada favorable se conseguirá. El funcionario corrupto es un delincuente; pasa a formar parte de una organización criminal desde el momento que decide aliarse con el jefe de esa agrupación o algunos de sus miembros. Consecuentemente, debe expulsársele de la entidad estatal y someterlo a la justicia denunciándolo como integrante de la red criminal a la que favorece. Será la única forma de frenar la inmoralidad.

No avanzaremos en tanto sigamos con el cuento del debido proceso. El funcionario corrupto sabe que tiene la seguridad de ganarlo. Pruebas hay por montones. Tiene que modificarse la legislación en ese aspecto. Hay que hacerlo de modo urgente. Es imposible concebir que desde las cárceles se continúe extorsionando a vecinos, empresarios, transportistas, bodegueros. Esto es inaceptable, quiere decir que el Estado está fallando, por lo tanto tiene que adoptarse medidas adecuadas para corregir allí donde debe hacerse. Si se continúa actuando con blandura, las cosas no solo seguirán igual, sino peor. La corrupción debe ser combatida, como lo que es: una modalidad delictiva seria porque opera desde el interior del Estado para acabar con éste.