“Quisiera que ustedes, en su comunidad o jurisdicción, hagan algo por esos menores. Somos una nación represiva, no preventiva. La solución no es llevar a los menores a centros correccionales, sino evitar que lleguen a ellos”, dijo el jefe de la región policial La Libertad, general PNP Franco Moreno Panta,  ante el pleno del Consejo Regional de La Libertad, el martes 27 de enero, advirtiendo que no se están implementando acciones efectivas para evitar que el crimen organizado siga captando a nuestros menores.

La alerta debería ser atendida, y no solo por el consejo regional, sino por los concejos municipales dado que, según las cifras oficiales que presentó Moreno Panta, en los primeros 27 días del año 2026, en La Libertad han sido intervenidos 78 menores de edad por su participación en actos delictivos como extorsiones, reglajes y el traslado de explosivos.

El CEPLAN ya advertía en agosto de 2025 del incremento de menores en actos delictivos pasando de 966 retenidos en el año 2021 a 5588 en 2024. Atribuía el fenómeno a factores como la pobreza, la desintegración familiar, el entorno violento, el consumo de drogas, la falta de atención personalizada en el ámbito educativo y la débil o nula articulación institucional que impide implementar acciones coordinadas.

Ojo que La Libertad ya figuraba en el 2024 entre las regiones con mayor número de menores retenidos en juzgados por incurrir en infracciones.

Los menores captados por el crimen pertenecen a grupos vulnerables, en situación de pobreza, que sufren una serie de carencias que afectan sus derechos elementales, además de ser víctimas -en la mayoría de casos- de violencia, discriminación, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual etc. 

La atención que proponen los especialistas está enfocada en la educación, enfrentar la deserción escolar, garantizar la atención de servicios básicos, incluida la alimentación, la formación técnico laboral, acceso a actividades extracurriculares mediante el deporte, y las artes en sus diversas manifestaciones.

El CEPLAN anota que estas acciones preventivas requieren una articulación intersectorial sostenida entre el Estado, los gobiernos locales y la sociedad civil. 

Además se recomienda fomentar una cultura de paz y respeto en defensa de los menores; garantizar que los menores estén informados sobre sus derechos y deberes. Igualmente se sugiere establecer alianzas estratégicas entre Ministerio Público, PNP, Poder Judicial, Educación, Salud, y  gobiernos locales, con el involucramiento de la sociedad civil. No cabe duda que, en el marco de las funciones que deben cumplir, existe más que un margen de acción para las autoridades municipales, pero falta el plan y la acción.