El sábado 30 de mayo, el kilómetro 655 de la carretera Panamericana, en San Pedro de Lloc, evidenció, una vez más, lo más precario de nuestro sistema de transporte interprovincial.

El saldo del vuelco de una minivan de Diez Ases no es sólo un dato estadístico; es un desgarro social.

Cuatro fallecidos, una madre, su hija de cinco años, un estudiante de 22 años y una mujer de 45, y una docena de heridos que hoy enfrentan lentos y costosos procesos de recuperación.

Mientras las familias asumen el luto y el endeudamiento médico, la respuesta institucional ha sido tan predecible como ineficaz. Nos han sumido como sociedad en un castigo póstumo.

Las municipalidades de Trujillo y Pacasmayo, así como la Gerencia Regional de Transportes, procedieron a la clausura de terminales y a la cancelación de permisos de circulación. Las justificaciones administrativas, que van desde el incumplimiento de licencias hasta la falta de certificados de fumigación, exponen una negligencia crónica. El Estado interviene con rigor solo cuando hay cadáveres en las vías. La fiscalización a posteriori no es política pública, es un acto reflejo para mitigar el escarnio ciudadano que bien merecido tienen.

En medio de la conmoción, la opinión pública ha canalizado su frustración hacia el chofer, como el chivo expiatorio que ciertamente no puede eludir la responsabilidad. Se ha generalizado la imagen del conductor temerario que chatea al volante, que conduce agotado y que supera los 120 km/h en zonas restringidas a 90 km/h. Si bien esta imprudencia es una realidad letal que exige sanciones penales severas, reducir el problema a la conducta individual ignora la complejidad de la dinámica socioeconómica del transporte.

Cerrar la empresa y cancelar sus rutas genera un efecto colateral inmediato, la destrucción de un empleo que debiera ser formal. Detrás del volante hay decenas de cabezas de familia que, de un día para otro, se quedan sin sustento. En un mercado laboral restringido, con un incremento de la pobreza urbana que ha reportado el INEI, este desempleo repentino no genera inacción. Por el contrario genera más informalidad.

Estos trabajadores buscarán subsistir y es altamente probable que terminen prestando el mismo servicio al margen de la ley, como ya se ha reportado de manera furibunda por algunos ciudadanos.

Simultáneamente, la demanda de movilidad en el corredor Chepén-Pacasmayo-Ciudad de Dios-Trujillo no desaparecerá por la reacción tardía de las autoridades. Al anularse la oferta formal, el ciudadano con necesidad de desplazamiento es empujado hacia el transporte pirata. Este escenario agrava el peligro original. Sabemos que en un sistema informal no hay pólizas de seguro, no hay revisión técnica, ni existe un ente responsable al cual exigir reparación en caso de un nuevo siniestro del que nadie está libre.

Por tanto, la solución estructural no radica en la aniquilación administrativa de las empresas que cometen fallas, sino en forzar una corrección inmediata, rigurosa y verificable de los protocolos de operación. Castigar al infractor no debe equivaler a condenar a todos los trabajadores porque los hay quienes sí cumplen las normas y conducen con responsabilidad. Lo hemos comprobado.

Finalmente, este diagnóstico exige observar el último eslabón de la cadena de responsabilidades: el ciudadano. La informalidad y la negligencia prosperan en un contexto de tolerancia social.

El pasajero que aborda una unidad y guarda silencio frente a un conductor que "cabecea" de sueño, que usa el celular o que acelera desproporcionadamente, asume una pasividad cómplice.

La exigencia no debe limitarse a las autoridades competentes (o incompetentes), que claramente han claudicado en su rol preventivo. Requiere también de una ciudadanía activa que no espere la tragedia para reaccionar. Es imperativo que el usuario exija seguridad durante el trayecto, reclame y denuncie formalmente los abusos.

La configuración económica y productiva de nuestros distritos es compleja y requiere de la conectividad que da este tipo de servicio. Nuestro sistema de transporte es deficiente, sí. Pero las medidas populistas de las autoridades que empujan la demanda hacia la clandestinidad, solo garantizan que las condiciones empeoren, poniendo en riesgo más vidas.

Nos corresponde exigir al Estado, en todos sus niveles, que asuma su rol preventivo y sancionador; a las empresas que garanticen la seguridad; pero también nos toca, como sociedad civil, ejercer una fiscalización constante.

No podemos seguir presenciando esta clase de tragedias en silencio. Nos toca impulsar cambios.