Los ciudadanos se preguntan qué método sigue la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad para formular sus “recomendaciones” en los casos de edificios calificados como Patrimonio Cultural de la Nación, como ha ocurrido con la Casa Aduanas, de Pacasmayo, que está a punto de desplomarse, con el riesgo que implica para la población.

La Casa Aduanas está ubicada en el Malecón Grau, en esquina con el pasaje Junín, de acceso directo a la playa. Colinda con un hotel, negocios y con varias viviendas. 

El edificio ha quedado prácticamente en cascarón, que se sostiene con palos, pese a lo cual la DDC acaba de recomendar una serie de “acciones para la protección del Patrimonio Cultural”, indicando expresamente que “no está permitida la demolición del bien inmueble”. 

Hasta donde se tiene conocimiento, en años pasados, con otros propietarios, y con la casa en otras condiciones, se intentó la restauración, pero precisamente la DDC no aprobó las propuestas de restauración que se presentaron. 

Hoy que la situación ha cambiado y el edificio ha colapsado, ya no se trata solo del patrimonio; sino que está en peligro la vida de las personas pese a que la vía pública permanece bloqueada en un espacio de alta transitabilidad.

Otro edificio en similares condiciones de riesgo, es la Casa Arbaiza, ubicada también en el Malecón Grau, representando altísimo peligro para los transeúntes. 

Cómo es posible que los funcionarios y la dirección de la DDC no tengan en cuenta la vida de las personas, tanto de los vecinos, como de los transeúntes. 

La Casa Correos, de propiedad del Estado, ubicada entre el jirón Dos de Mayo y la Plazuela Callao es parte del peligro al que se somete a las personas. Esta quedó en ruinas e inhabitable desde marzo del 2023, tras el paso del ciclón Yaku.

Estas emblemáticas casas, que son parte del Patrimonio Cultural de la Nación, se han convertido en un monumento a la burocracia, al abandono, representando cómo se toman las decisiones en el país, desde un escritorio, poniendo en riesgo la vida de las personas.

El patrimonio cultural e histórico debe ser protegido, se debe exigir que se cumplan las normas respecto a mantenerlos, si un estudio técnico especializado así lo determina; se debe vigilar y reclamar que se respeten las normas para mantener los ambientes urbano monumentales; pero tampoco se puede exigir, sin plazos, que edificios en ruinas, a punto de caer, pongan en peligro la vida de las personas.