¿Habrá permanecido algún ministro u otra autoridad, por lo menos un día en una institución educativa rural a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar? Allí donde exige cruzar a pie o en vulnerables naves, torrentosos ríos, saltar quebradas, recorrer por horas caminos intransitables, estrechos y sinuosos al lado de los cuales nos espera un abismo de cientos de metros y bajo lluvias con truenos y relámpagos.

La muerte de la profesora Mónica Vergara Amaya se produjo en el cumplimiento de su deber, cuando se dirigía a una escuela rural de la sierra liberteña.

Las redes sociales muestran grupos de maestros haciendo una especie de muro humano, abrazados, cruzando a pie ríos con fuertes corrientes; caminan horas y hasta días porque se quedaron varados debido a derrumbes y huaicos, arriesgando su vida, gastando el poco dinero que llevan porque tienen que adquirir alimentos e indumentarias que no estaban presupuestadas. Esta es la realidad del docente rural.

La reacción de la naturaleza en la zona andina es impredecible, y fortuita. En un momento pinta los mejores paisajes, pero en minutos puede arrasar con la vida de un maestro. 

El deber llama a quienes retando a la muerte, avanzan como soldados a enseñar que la educación es el camino a la libertad. Estas condiciones de riesgo para llegar a su centro de trabajo, importan poco a las autoridades; las clases empiezan y punto. 

El Perú, para ellos, es así de plano como su escritorio, no hay relieve diverso, no hay naturaleza bravía, es un profesor o una profesora, y no importa si muere porque se pedirá un minuto de silencio por su deceso, la recordarán tres días y al cuarto día llegará otro a cubrir la vacante. 

En defensa de la vida y dignidad de un profesor ¿quién escucha esas voces que se quiebran cuando describen el dolor y sufrimiento que soportan para arribar a su destino?

Se necesita arreglar o trazar nuevos caminos, construir y poner en funcionamiento postas médicas, establecimientos de salud más cercanos y accesibles para los ciudadanos, entre ellos los maestros que van cruzando pueblos rumbo a su destino. Se necesita instaurar puestos de auxilio ante tanta inseguridad; considerar indemnización por muertes fortuitas como el caso de la docente Mónica Vergara Amaya que iba en calidad de contratada; y que solo a días de iniciar su labor, cuando no había cumplido un mes en el trabajo, falleció. ¿Qué pasará con este caso? Hay un raro mutismo por parte de las autoridades, respecto a este tema ¿Por qué? ¿Por qué habría algún tipo de responsabilidad de la que subrepticiamente están evadiendo? Y, el nerviosismo se pone en evidencia cuando el propio ministro del sector pierde la calma llegando hasta el insulto o la impertinencia de decir que “tuvo que desplazarse a pie corriendo riesgos, no era tan necesario”. 

¿Cómo que “no era tan necesario”? La R.M. 556-2024-MINEDU indica que las clases inician el 17 de marzo y, es más, en la región no se modificó fechas de inicio que la mencionada norma sí permite tal como se indica “Las DRE pueden establecer fechas distintas tomando en cuenta las condiciones climatológicas o sanitarias del territorio, así como la ocurrencia de emergencias y/o desastres u otro tipo de eventos adversos que atenten contra la seguridad e integridad de la comunidad educativa…”(Fuente: numeral 6.1. de la norma citada). 

No hubo ninguna reprogramación de la calendarización en la región La Libertad, pese a que en la sierra liberteña se vienen produciendo lluvias y huaicos desde hace varias semanas, antes del 17 de marzo. Los docentes debían llegar sí o sí a la institución educativa; entonces, sí era necesario porque la ley y la autoridad les respiraba en la cerviz.

La realidad impele a revisar el marco legal y políticas que miran al Perú tan plano como el tablero de una mesa cuando la realidad nos arroja un relieve totalmente diverso. Y, si ya existieran, corresponde encargar su cumplimiento a funcionarios competentes y capaces. 

Entiendan que no es un día el que se esfuma, es una vida, la que se fue encarnada en la maestra Mónica Vergara Amaya. Dejó el último minuto de su vida allá en las alturas, por prestar un servicio en favor de los adolescentes. Es cierto que a cambio del servicio hay una remuneración, pero lo que no debe escaparse del tino de las autoridades es que esa vida, esa mujer, esa madre, esa maestra, no debió morir.

Indignan y dan vergüenza las declaraciones, impertinentes y desatinadas de ministros, gobernadores, funcionarios, cuya postura de estatua en posición soberbia, auténtica talladura del poder, se sienten los dioses con absoluto poder para minimizar, humillar y desacreditar. 

No bastan la experiencia en educación en la urbe, ni los títulos, ni las maestrías o doctorados, ni en qué país los obtuvieron, se requiere del conocimiento de la realidad peruana y de esa cultura de los pueblos del Perú que haga sensible y humano al gobernante.

Ruego a Dios que, más adelante, quienes levantan su voz de protesta no sean víctimas de un “sicariato blanco”, frase que me atrevo acuñar porque, por encargo, te podrían seguir y disparar a quemarropa (por ejemplo, abriendo proceso administrativo y disponiendo cese en el cargo) con el argumento de que falta una tilde en la ‘sesión de aprendizaje’. 

El poder mata, pero no calla las voces enhiestas; porque siempre quedan, de ellos, los ecos de su censura al abuso y a la injusticia.

Es indispensable mejorar y crear nuevas vías de comunicación que permitan un mejor acceso a las áreas rurales, por la dignidad de las propias comunidades que viven en el completo olvido por parte del Estado. De igual manera, se requiere la edificación y operatividad de postas médicas cercanas y accesibles. La creación de puestos de auxilio se muestra como una acción fundamental frente a la inseguridad. Igualmente, es esencial examinar el marco legal que somete a los docentes rurales a estos riesgos y abusos; y la revisión de las políticas vigentes, o en su defecto, garantizar su cumplimiento, de modo que reflejen la diversidad geográfica del Perú y salvaguarden la vida y la dignidad de los maestros.