Por una política anticorrupción regional y local articulada




En la plataforma electoral del Jurado Nacional de Elecciones están publicados los planes de gobierno de los candidatos regionales y municipales, https://plataformaelectoral.jn... de modo tal que, son oficiales. Se ha tomado dos planes de gobierno para analizar sus propuestas de política anticorrupción para el gobierno regional: el del actual partido gobernante de la región y aspirante a la reelección, Alianza para el Progreso (APP); y, el del partido más institucionalizado del país, el APRA. En este último, de apenas siete páginas, no hay nada referido al tema, a diferencia de APP que lo explica en las páginas 62-64.

El diagnóstico presentado por APP parte por reconocer la no existencia de indicadores que midan la política anticorrupción de forma sistematizada, pero toma como referencia el “grado de implementación del Sistema de Control Interno (SCI) en las entidades públicas” (que evalúa La Contraloría) sin precisar (¿por desconocimiento?) cuánto logró avanzar la implementación del SCI durante estos últimos cuatro años de gestión regional. No obstante, en la página 64 se compromete que hasta el año 2,022 implementará al 100% el SCI en las áreas críticas de la institución, refiriéndose básicamente, al área de abastecimiento, encargada de programar y ejecutar la contratación de bienes, servicios y obras de la entidad.

Al respecto, se infiere dos cosas: el partido APP no considera área sensible a la corrupción al área de presupuesto, es decir, al “dueño de la billetera”, el área que decide en qué momento “suelta” o no la plata para pagar los bienes a adquirir, los servicios a contratar y las obras a ejecutar. En la realidad, los proveedores y contratistas saben bien el “sobrecosto” que deben asumir por su cuenta para gestionar ante los funcionarios, muchas veces, desde la autorización del crédito presupuestario (a cargo del área de presupuesto) hasta la ejecución del pago mismo (a cargo de las áreas de contabilidad y tesorería). Es decir, el “pronto pago” tiene también su propia “tarifa”. Soslayar esta realidad, significa no entender a cabalidad el engranaje de la corrupción a nivel institucional.

En segundo lugar, en la página 64, el partido APP se compromete que al año 2,022 implementará el SCI en el 70% de los gobiernos locales del departamento. Sin embargo, en el Plan de Gobierno para la provincia de Pacasmayo (páginas 30 y 31), ni siquiera es mencionado y lo mismo sucede en relación al Plan de Gobierno para el distrito de Guadalupe. Este modo desarticulado de abordar la política anticorrupción, no permite tener una idea clara acerca de la visión que tiene APP en torno al tema a nivel regional y local.

No obstante, es necesario entender, además, que la implementación del SCI tampoco es garantía per se de que no haya corrupción. De nada sirve poner el candado ahí donde la llave se la tienen por triplicado. Hace falta entender que la eficacia del SCI depende mucho de la voluntad humana y de la conducta ética del funcionario en relación a sus deberes, sobre todo para prevenir. Esto es, por ejemplo, lo que las estruendosas caravanas que irrumpen en estos días por las calles no explican al ciudadano, porque la consigna de pescar votos es, lamentablemente, a cualquier precio, dejando de lado ese otro fin de la política: hacer pedagogía política.

Voz de

Walter Tongombol Zapata, abogado