Al concluir el año 16 del siglo XXI, los problemas fundamentales que afectan a la colectividad asentada en la Cuenca del Jequetepeque, así como en otros espacios del territorio nacional, permanecen inmóviles, como si a nadie le preocupara, incluido a los pobladores que sufren las consecuencias; problemas tales como: educación de mala calidad, contaminación ambiental, subempleo, desempleo, escasez de recursos hídricos; monocultivos con alto consumo de agua y con economías de sobrevivencia para los agricultores; una represa en situación de colapsar por sedimentación; asentamientos humanos sin servicios básicos; inseguridad ciudadana, crimen organizado, incremento del embarazo precoz, extorsiones; deterioro y depredación de los recursos naturales y culturales, puerto de Pacasmayo en abandono y precarias condiciones de servicio para los pescadores artesanales , etc. etc.

Tal situación puede explicarse por la inmovilización e inoperancia de las autoridades responsables, así como por la inacción o dejadez de la población, para resolver los problemas. Así es difícil vislumbrar solución a los problemas. Por el contrario, estas continuarán agravándose. Preocupante situación para las nuevas generaciones, es decir, nuestros descendientes, a quienes estaríamos heredando los problemas.   

Frente a tales dificultades, que afectan a la sociedad en su conjunto; es de considerar, que también concierne a la sociedad en su conjunto enfrentar los problemas; más allá de los deberes, roles y responsabilidades establecidas y asignadas según la Constitución Política y las leyes. 

La sociedad civil y la  población organizada pueden articular esfuerzos con los tres niveles de gobierno, para encontrar el camino a la solución de los problemas de manera sostenible. Para lo cual, se requiere de motivación y emprendimiento de los primeros, y una política de buena voluntad y apertura de los segundos; permitiendo construir una simbiosis, que coadyuvaría en el éxito de la gestión pública en beneficio de la colectividad. 

Para construir la simbiosis, es necesario sacudirse de los prejuicios por doble vía, tanto por el lado de los gobernantes, como por el lado de los gobernados. Los primeros, tienen que mostrar humildad,  predisposición y desprendimiento a la apertura y al diálogo; ya que, toda acción o gesto de orgullo y soberbia, lo único que construye son barreras, y estas, solo constituyen obstáculos para el acercamiento, que al final, hace daño a la buena gobernabilidad en perjuicio de la comunidad. Por otra parte, los gobernados (sociedad civil y el pueblo), también deben mostrar y propiciar voluntad de acercamiento al diálogo para tratar los diversos temas críticos pendientes de solución.

Aún, cuando lo sugerido, no constituye una práctica muy usual en nuestro medio, por la forma tradicional de gobernar (democracia representativa). Es necesario poner en práctica la democracia participativa al amparo de la Ley 27658 - Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, que en su artículo 8°,  textualmente dice: "El Estado debe promover y establecer los mecanismos para una adecuada democracia participativa de los ciudadanos, a través de mecanismos directos e indirectos de participación". 

Modelo de gestión, que es reforzada con otras herramientas legales, tales como: la Ley 27972- Ley Orgánica de Municipalidades, la Ley 27783- Ley de Bases de la Descentralización, y Ley 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. Instrumentos estos, que lamentablemente por falta de voluntad política, no vienen siendo implementados o aplicados a cabalidad, sino de manera parcial y mediatizada en algunos casos, solo para cumplir requisitos como es el caso del Plan Estratégico de Gestión Concertada y el presupuesto participativo. Cumplimiento sobre el cual, también tiene su cuota de responsabilidad la sociedad civil y la población organizada.   

El ejercicio de la democracia participativa de manera plena, facilitaría y permitiría una gestión transparente  y compartida de desarrollo sostenible del territorio; en procura de mejorar la calidad de vida de la población, erradicando el analfabetismo y la pobreza, sin postergación ni dilación y con un criterio de prioridad, desterrando el marasmo y la desidia. Y en un acto de osadía y audacia, podrían tener logros, de honda trascendencia y significado para el desarrollo de los pueblos;    utilizando las herramientas de gestión que  otorga la Ley 27972,  "autonomía política, económica y administrativa  en los asuntos de su competencia,... para el desarrollo integral, sostenible y armónico del territorio". 

Pero, emprender tal tarea, tampoco es fácil, indudablemente que constituye un proceso, que hay que empezar por el fortalecimiento de capacidades y la sensibilización, por cuanto se requiere de un cambio de aptitudes y actitudes de los agentes públicos y privados. Cambiar hábitos heredados generacionalmente es difícil pero no imposible, todo depende de la voluntad y el esfuerzo que hagamos por cambiar, entendiendo sobre todo, razones que tengan lógica y que atañe el futuro de nuestras familias. Por sobre todo, entender que debemos ser ciudadanos informados, conscientes de sus derechos y obligaciones, e interesados en la conducción de los asuntos públicos de su comunidad. 

Para empezar a ejercitar este proceso de interacción y diálogo entre gobernantes y gobernados, se sugiere la convocatoria de una serie de eventos, tales como:  foros, simposio, cabildos, seminarios etc., para debatir los temas más cruciales que afectan al territorio de la cuenca, a fin de encontrar las propuestas de solución más adecuadas a cada uno de los temas.

Particularmente, en el contexto  de  los anuncios del gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski.