El concejo municipal de Pacasmayo, representado por el alcalde Aldo Navarro Sarmiento y los regidores, han soportado en los últimos días el recrudecimiento del malestar ciudadano, incubado por una evidente impericia de su gestión, aunada a algunos hechos de presunta corrupción, que hoy por hoy son ventilados ante la justicia, de la que se espera un accionar indiscutible.

No es ninguna invención que Pacasmayo sufre del problema del agua potable hace decenas de años. El sistema de alcantarillado y la evacuación de sus residuos al mar fue un problema que nos acompañó mucho tiempo. Este último problema se resolvió parcialmente durante el gobierno de Oscar Honorio Horna, sin embargo le subsisten hallazgos de Contraloría que derivarán en sanciones a determinados funcionarios que habrían permitido "facilidades" y sobrecostos, en perjuicio de la municipalidad. A ello se le suma una reciente revelación, confirmada en un informe de Sedalib, la “criollada” de dejar redes antiguas de agua en medio de la nueva red de distribución, hecho que incrementa la insalubridad del agua que recibe la ciudad.

Estas circunstancias han incrementado el descontento, perfectamente justificado, de la población de exigir al alcalde una solución a ese y otros problemas, conforme se ha reclamado reiteradamente en esta misma sección. Más allá de una discutible capacidad de liderazgo, como cabeza de gobierno, el alcalde Navarro ha permitido que la olla de presión ciudadana se eleve al máximo con hechos adicionales como las asesorías fantasma, pagos a proveedores por servicios no prestados, abandono del cargador frontal, el pago de 186 mil soles por un parchado de calles que es calamitoso, las marchas y contramarchas en obras de administración directa, el penoso estado y casi ilícita operación de un camal municipal, el cuestionado manejo de los mercados y una partida del presupuesto participativo para el central, el triste y contaminante estado del parque infantil Benjamín Kauffmann, entre otros.

Es también innegable que estas deudas sociales han provocado que el escaso 23% de vecinos, que determinó su elección en el 2014, se diluya progresivamente, permitiendo el avivamiento de la frustración de quienes no lo consideraron opción desde el principio.

A estas alturas de la gestión municipal Navarro, las aspiraciones ciudadanas siguen siendo las mismas. El día a día es tortuoso con un agua que no sirve para el consumo humano, con mercados que dan lástima aunque el alcalde diga que los comerciantes son los principales culpables de esa situación. El desorden en el tránsito por culpa de infractores que utilizan mototaxis sin placas, sin luces, sin licencia e incluso dedicados al robo, destruyendo la imagen de los mototaxistas que honradamente y con esfuerzo desarrollan su actividad, entre otras penurias ciudadanas.

Es cierto que no se puede desconocer que existen gestiones realizadas por el alcalde, dentro de su obligación de buscar solución a los problemas de la ciudad. Ha avanzado las gestiones del Hospital para Pacasmayo, ha encaminado la ejecución del proyecto de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, coordina un ofrecimiento ministerial para la construcción de un nuevo desembarcadero artesanal, y mantiene viva la posibilidad de una inversión de recuperación del antiguo muelle. El éxito o avance de todo esto será demandado por la ciudad al cierre de gestión y es importante mantener vigilancia ciudadana sobre estos procesos.

Ahora, también debe reconocerse que, a poco más de un año y medio de las elecciones, empiezan a desperezarse “liderazgos” con intenciones no enfocadas en el bien común sino en aspiraciones e intereses particulares. El pueblo, que sufre de verdad y tiene derecho al reclamo y a la crítica, está amenazado por una infiltración de intereses diametralmente diferentes.

La movilización realizada el 9 de mayo contra el gobierno municipal ha evidenciado el descontento ciudadano pero también otras situaciones. La manifestación degeneró en expresiones insultantes, groseras e intentos de ingresar por la fuerza al local municipal ¿Por qué llegar a esto? ¿Para qué ingresar al local municipal? La molestia entendible y justificada del vecino que sufre múltiples problemas, fue contaminada con una furia desaforada de ciertos elementos, los que -según han deslizado algunos ciudadanos en las redes sociales- tienen pretensiones político electorales, aprovechándose del contexto. También se ensaya una subterránea motivación de cierto infiltrado, que pretende generar un estado de caos y desorden, anulando completamente el rol de la autoridad.

No puede permitirse que esas inválidas y oscuras aspiraciones se mezclen con el legítimo reclamo.

La ley prevé mecanismos efectivos para investigar, remover y sentenciar a quienes aprovechan el Estado cual cartera abierta y de libre disponibilidad, pero se deben seguir los procedimientos legales. Los ciudadanos Juan Vásquez Tejada, con el problema del agua, y Gilberto Tello Huamán, con el del mercado central, han dado muestras de cómo se encausa y persigue un cuestionable hecho en el Gobierno. La protesta es válida, persuade para un cambio de actitud de los gobernantes, pero requiere acciones ciudadanas de control paralelas. Una protesta no puede pretender reemplazar a los operadores de justicia, mediante la violencia.

La democracia, un imperfecto modelo de convivencia político social, se construye y consolida en un tira y afloja, entre el diálogo, la fiscalización, el control, pero también la participación ciudadana y la transparencia de los actos de gobierno. Es el sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a elegir y controlar a sus gobernantes, en un marco legal. Quien apela a la violencia, incluida la verbal, evidencia que desprecia a la justicia y a los órganos contralores.

En un estado de derecho, la violencia no puede ser el arma del que exige, tampoco debe ser el arma del que gobierna.