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Que Se Investigue Gestión de Santa María en Pejeza

El ministro de Agricultura José Hernández está en deuda con los ciudadanos y ciudadanas del Valle Jequetepeque. Nos debe una profunda y transparente investigación que debe ser encargada a la Contraloría General de la República. Se tiene que investigar la gestión de la ingeniera Eufrosina Santa María Rubio como directora ejecutiva del Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña, entre setiembre y diciembre 2016; así como la gestión sucesiva.

No queda duda del uso personal que ha dado esta funcionaria al cargo de directora ejecutiva del Pejeza.  Baste mencionar algunas de las formas que se instalaron para comprobar el aprovechamiento: distribución de llaveros con su nombre y el logotipo de la institución gubernamental; distribución de almanaques del Pejeza, donde no podía faltar su nombre; destaque de su persona por encima de las acciones institucionales lo que se reflejó en las notas de prensa. Y como la cereza del pastel, el enorme letrero con su rostro y nombre en las garitas de entrada al Campamento Gallito Ciego.

Es de ingenuos pensar que podría tratarse solamente de un ego desmedido, porque la hasta hace poco funcionaria del Estado persigue un proyecto político personal. Ella está tras la recolección de firmas con fines de inscripción de su movimiento, por lo menos con ese proyecto llegó al Valle Jequetepeque, cuando se hizo cargo de la dirección del Pejeza. 

Santa María, y se ha jactado de ello, ha llevado a trabajar al Proyecto Jequetepeque - Zaña a la gente que la rodea en ese proyecto político personal -al que identifica como CREO- bajo el argumento de que son los mejores profesionales. Se ha burlado la posibilidad de cobertura de supuestas plazas vacantes mediante concurso, o por meritocracia. Cuántas personas trabajan hoy en el Pejeza, y cuántos eran en agosto 2016. Cuántas consultorías se pagan ahora, y cuántas se pagaron hasta agosto 2016.

Es imposible saberlo porque el secretismo se ha instalado en el Pejeza. Entre setiembre 2016 y enero 2017 han asumido dos directores ejecutivos en el Pejeza, Santa María y su sucesor Jesús Cumpa Alavedra, un funcionario del Pejeza; además ha habido cambios en las diversas gerencias del Proyecto. Pero ninguno de ellos ha publicado declaración jurada, como corresponde según la Ley 27482, que regula la publicación de la declaración jurada de ingresos, bienes y rentas de los funcionarios y servidores públicos del Estado. No solo eso, no hay actualización ni siquiera de los datos referentes a la represa Gallito Ciego, pero no faltan las notas de prensa exaltando a la gestión, especialmente la de Santa María, aunque carentes de respaldo estadístico y técnico.

El uso irregular de vehículos de propiedad del Estado, el pago de consultorías con dudosos fines, el copamiento de las oficinas, el pago de proveedores recién aparecidos, son hechos que justifican una investigación a fondo e imparcial, para determinar responsabilidades. Que el gobierno defina de una buena vez cuál es su posición al frente de estas situaciones que deberían merecer toda su atención, dado que involucra a funcionarios que ostentan representación del gobierno que lidera el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Y los congresistas, especialmente liberteños, no pueden seguir en silencio.

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