No convencen las explicaciones dadas por las abogadas del área de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo respecto de lo que evidentemente es una negligencia que ha determinado la pérdida de un terreno de casi una hectárea, en Cruce El Milagro. Es aceptable su queja respecto de si el procedimiento de Prescripción adquisitiva por el cual perdieron el terreno fue bien llevado y si se cumplieron o no los plazos. Eso deberá verse en el curso de una investigación que debe realizarse en el menor tiempo posible y considerando que delitos de esta naturaleza se han dado en forma reiterativa. 

Corresponde a la propia Municipalidad gestionar la intervención de las instancias que considere pertinentes si es que supone que hay un mal proceso llevado en la Notaría Torres Gonzáles. El Colegio de Notarios del Perú tiene un órgano deontológico que vela  por el correcto desempeño de sus asociados. En todo caso, si tienen dudas respecto de la actuación notarial deben pedir intervención de ese organismo.

Naturalmente, ese será un hecho independiente del que debe realizarse con relación a este nuevo caso que en esta oportunidad afecta a la propia Municipalidad perdiendo un predio de casi una hectárea inscrito en Registros Públicos. Hay varios casos similares tramitados en la misma Notaría con certificados de posesión que supuestamente salieron de las propias instalaciones municipales según el testimonio de algunos agraviados, y resultaron falsos.

La situación es bastante delicada por lo que sería conveniente que el alcalde y regidores concordasen en la necesidad de acudir a instancias mayores a efectos de solicitar que el caso pase a un grupo policial especializado en este tipo de delitos a fin de que se dedique exclusivamente a los numerosos casos ya denunciados. Esa intervención se justifica, reiteramos, por la cantidad de agraviados que han perdido lotes de terreno en trámites en los cuales se ha hecho uso de documentos fraguados, con logotipo, sellos y presuntas firmas de funcionarios ediles.

Ahora nos encontramos frente a un delito que afecta al Estado directamente, en este caso a la Municipalidad local. La documentación que obra en nuestro poder prueba que el notario César Torres González informó al alcalde sobre el trámite que se realizaba, y su sospecha de que se estuviese haciendo uso de certificados falsos. Eso obligaba a que el área legal actuase con urgencia. Sin embargo se dejó pasar el tiempo hasta que el proceso notarial concluyó y recién hubo respuesta municipal. 

En el supuesto que los plazos no hubiesen sido agotados en la notaría, ¿cómo justifican las asesoras tanta demora en un caso que debió merecer particular dedicación?.  El daño está causado, aun cuando se diga que el terreno no está perdido y se recuperará mediante demanda judicial. Estamos ante un hecho sumamente grave que debe merecer especial atención para determinar cómo es que de la noche a la mañana ese terreno –registrado en Sunarp a nombre de la MDP- termina en supuesta posesión de un vecino que luego traspasa. Es la forma cómo ha operado la red mafiosa de Orellana. Por eso la necesidad de que las autoridades municipales gestionen la intervención de policía especializada en el tema e inclusive a nivel del propio Ministerio Público. Hay varios casos similares en la provincia de Pacasmayo que justifican este planteamiento.