La inseguridad que se acentúa cada día en Lima no es un problema de percepción, es una realidad alarmante que debe abordarse con prontitud porque es notorio que la criminalidad organizada está extendiendo sus tentáculos a más lugares del país.

En las provincias de Pacasmayo y Chepén conocemos de esa dolorosa experiencia que se ha enraizado. Si bien es cierto se ha capturado a varios de los presuntos integrantes y/o colaboradores de Los Dragones Rojos, una de las organizaciones criminales que dominaba gran parte de la jurisdicción, el problema no ha desaparecido. Sigue latente. La red tiende a reciclarse y es que parece estar haciendo uso de sus elementos de reserva, o ingresa una nueva organización para imponer jerarquía, y continuar con el cobro de cupos.

Queda una batalla para desarrollar en forma permanente hasta acabar con todo vestigio de criminalidad.

Esa es la explicación que encontramos cuando nos damos con nuevos casos de amenazas y extorsiones. Quiere decir que hay quienes siguen operando. El problema no ha terminado. Es importante el trabajo realizado por la Policía y Fiscalía pero queda todavía una batalla para desarrollar en forma permanente hasta acabar con todo vestigio de criminalidad, tarea que no es fácil porque los últimos gobiernos han permitido no solo que incube, sino que se afiance desde hace más de 15 años. Y a ello ha abonado la corrupción. Este no es un fenómeno que ha hecho aparición explosiva de la noche a la mañana.

Los últimos acontecimientos de sicariato registrados en San Juan de Lurigancho, Lima, confirman que la criminalidad organizada alimentada por las extorsiones ha extendido sus tentáculos. En solo 24 horas se ha asesinado a Kalaf Hamad Alvarado y a Nino Vargas Alvarado, vigilantes de una institución educativa privada; y a Sabel Evangelista Depaz, director propietario del colegio María Montessori.

Directores de otras instituciones han recibido amenazas de la organización Los malditos de Bayóvar a las que se atribuye los atentados criminales antes descritos. En el último, el autor de los disparos habría sido un menor de edad de 13 a 14 años, según testigos. Eso nos remonta al tema de cómo la delincuencia está ganando a los menores a los que entrena para el delito, tal como lo hace el terrorismo. Lo que está buscando la criminalidad organizada es infundir miedo para poder instalarse definitivamente.

Lo que está buscando la criminalidad organizada es infundir miedo para poder instalarse definitivamente.

El Gobierno poco ha avanzado en esa lucha. Muchos de los que votaron por el presidente Ollanta Humala pensaron que, por su formación militar, tendría la solución al problema. Lamentablemente, la criminalidad no se combate con el rigor de la formación militar sino con políticas y estrategias, que están haciendo falta. No es cuestión de estar culpándose unos a otros sino de coordinar acciones sin que se llegue a la injerencia de un sector en otro. Coordinar para establecer líneas maestras de cómo actuar frente a este fenómeno que nos está afectando a todos. No esperemos males mayores para recién reaccionar. Que la experiencia vivida con Sendero Luminoso no se repita.