Marita acude ante el juez de paz de Guadalupe para exigir que el padre biológico de su pequeña le pase alimentos, pero aquél se niega a reconocer (en papeles) su paternidad, así que Marita tendrá que iniciar un proceso judicial de reconocimiento que no será en Guadalupe sino en San Pedro de Lloc. Así de sencillo, la ley procesal se impuso a la justicia en Guadalupe. Cabe preguntarse: ¿Cuán funcional resulta la justicia de paz en este distrito?, ¿Es suficiente la justicia de paz en Guadalupe o ya es necesario una judicatura de paz letrada?. Veamos.

En principio, la justicia de paz es un sistema especial de justicia que existe dentro de la estructura del Poder Judicial. Es especial porque sus operadores resuelven conflictos y controversias, principalmente, mediante conciliación, tomando en cuenta las costumbres y cultura local con respeto a las normas constitucionales. Es especial, además, porque sus operadores no tienen formación académica jurídica (dado que no es obligatorio) y acceden al cargo principalmente, vía elección popular ya que son (o deberían ser) los ciudadanos más honorables de la comunidad. Su aporte en la construcción de una sociedad cada vez más justa es siempre loable, sin embargo, pocas veces es reconocida en su real contexto.

A diferencia de la justicia de paz, el juez de paz letrado es designado por el Poder Judicial mediante un proceso de selección y, por lo tanto, hace carrera judicial. Está facultado para conocer, no solo acciones de derecho alimentario y de filiación extramatrimonial, sino además otros asuntos del derecho de familia y civiles (acciones derivadas del derecho civil patrimonial y del comercial, indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, etc.), también, asuntos penales (los procesos por faltas contra la persona, las buenas costumbres, el patrimonio, la tranquilidad pública, etc.), asuntos laborales, asumir algunas funciones notariales, y, además, resolver las apelaciones de las resoluciones de los jueces de paz.

No obstante, así como el caso de Marita, existen muchos otros, inclusive mucho más inverosímiles, en los que, vistos con la rigurosidad del positivismo jurídico del sistema de solución de conflictos, no resultan atendibles en Guadalupe.  Por ello, el problema de fondo es que el acceso a la justicia no está siendo efectivo. Está afectado, en principio, por un insuficiente número de jueces (de paz letrado y mixto), concentrados en la distante capital provincial (San Pedro de Lloc), que a los gastos de transporte por el traslado hay que sumarle los requeridos por los servicios de asistencia judicial de un abogado y el tiempo que significa seguir los interminables plazos de un proceso del cual ni siquiera se tiene la certeza de un resultado favorable.  Si ello no significa desalentar a las partes en conflicto y condenarlas a su frustración (con el riesgo de tomarse la justicia por sus manos), qué más podría implicar! Pero, esta situación no es de ahora último.  Es simplemente la respuesta del Estado a una situación problemática que ha venido evolucionando desde los años noventa.

De acuerdo al censo poblacional 2007 del INEI, Guadalupe tiene más de 37,230 habitantes (que representa el 39% del total provincial de 94,377) y, considerando la Tasa de Crecimiento Promedio Anual de 1.6%, en la actualidad, fácilmente podría sobrepasar los 40,000 habitantes, por lo tanto, es evidente que el nivel de transacciones económicas en este distrito va en aumento y, al mismo tiempo, el de los conflictos y controversias originados por diversos motivos, que muchas veces, degeneran en violencia, incluyendo el costo de vidas humanas. Frente a ello, la respuesta del Estado no ha sido la más adecuada. En nuestra realidad local, los sucesivos gobiernos locales del distrito tampoco parecen haberlo previsto en su exacta dimensión.

Ciertamente, la realidad no es estática. Por ello, es importante que las autoridades guadalupanas lo entiendan de esa manera y consideren como política de gobierno local, la gestión de una notable mejora de las condiciones de acceso de sus ciudadanos a la justicia, con facilidad en términos de costos de oportunidad. Las condiciones para la implantación de un juzgado de paz letrado en Guadalupe están dadas, pudiendo inclusive, coexistir con los juzgados de paz actuales, tal como lo permite la ley desde el 2004. 

Esta alternativa, cuando menos, frente a otra que sería la ideal: un Módulo Básico de Justicia en el distrito. De cualquier modo, algo se tendrá que hacer para mejorarnos la vida a los guadalupanos y para quienes, así como Marita, algún día, por fin obtengan, sin mayores sobrecostos y tiempo de eterna espera, la manutención que reclaman para sus hijos de malos padres que les niegan su paternidad.  Después de todo, como bien afirmaba el romano Lucius Séneca, nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía.