En Ginebra, durante los años iniciales de la Segunda Guerra Mundial, el cónsul peruano José María Barreto protagonizó uno de los actos más nobles de ese conflicto infame.

Barreto estaba entregando visas peruanas a los ciudadanos judíos amenazados por la muerte que llegaban desde los países bajo la égida del nazismo. Además de los centenares que recibieron ese beneficio, se aseguraba que un barco, cargado con niños judíos, iba a pasar por el Perú y desembarcarlos en el Callao.

Sin embargo, el gobierno feroz de Hitler se enteró del asunto y protestó ante el Perú. En actitud que avergüenza a nuestra historia, el gobierno peruano destituyó al cónsul Barreto e hizo inservibles los salvoconductos que había expedido.

Por esa razón, nuestro excónsul soportó los años siguientes del nazismo refugiado en la neutral Suiza, sin trabajo, sin fuente alguna de subsistencia y con el peligro de recibir un balazo como venganza de Hitler.

Este es un caso en el cual un peruano afronta el destino y un gobierno entero deja caer sobre el país las miserias de su cobardía.

Se han producido eventos similares en nuestra historia. Luego del conflicto interno que ocurrió en el siglo pasado, los gobiernos posteriores a Fujimori, lamentablemente en muchos casos, han continuado los caracteres bestiales y anticristianos de la política del dictador nipón.

Este es el caso, por ejemplo, de la llamada “muerte civil” que ha cerrado el camino del trabajo a miles de peruanos que cumplieron penas de décadas, después del conflicto. A pesar de que, en el Derecho desde la época de la Carta Magna (1215), está prohibido promulgar leyes de aplicación retroactivamente maligna, o que estén dictadas por un espíritu de venganza, en el Perú se las ha establecido como tales.

Los últimos casos van contra la civilización humana. Dinamitar cementerios o hacer desaparecer cadáveres implica un nuevo castigo, el de la muerte después de la muerte. Supone, además, que el castigo que se diera a quien murió en prisión debe extenderse sobre sus familiares y quedar sobre ellos como una perpetua prohibición al recuerdo. Esto es inhumano y perverso.

Si el gobierno impone esta forma de turbar el sueño de los muertos, hará eterno el odio, y la atención del mundo volverá a centrarse sobre nuestro país, pero esta vez no se le llamará al Perú “la capital de la gastronomía” sino, en pleno siglo XXI, la del canibalismo o tal vez de la necrofilia y la barbarie, prácticas que el Deuteronomio (18-10,11) prohibiera hace milenios, así como otras leyes bíblicas que son válidas incluso para quienes olvidan el viejo mandato de amarnos y perdonarnos los unos a los otros.