Nuevamente el colectivo Junta de Usuarios Anticorrupción del Valle Jequetepeque, volvió a reclamar  acciones al Pejeza dentro del marco de su responsabilidad funcional. Solicitó que presente una denuncia administrativa ante la ALA Jequetepeque y para evaluar el inicio de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) contra la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque, por la presunta falta de transferencia de la gestión de los recursos recaudados provenientes de la Tarifa por Utilización de la Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA).

Según el pedido presentado, existiría una presunta falta de transferencia de estos recursos de la TUIHMA desde el año 2017. El escrito señala que el Pejeza habría presentado denuncias penales por estos hechos, pero sostiene que ello no reemplaza la necesidad de promover las acciones administrativas correspondientes ante las autoridades del ANA. El colectivo precisa que los hechos deben verificarse con documentos oficiales antes de determinar si existe deuda, cuál sería su monto y quiénes tendrían responsabilidad.

AUDITORÍA Y REVISIÓN DE CUENTAS

El pedido es para que se practique una auditoría y conciliación contable documentada para establecer, por cada año y periodo de gestión. Se pretende que se revise cuánto facturó y recaudó la JUJ por concepto de la TUIHMA, cuánto dinero fue transferido al Pejeza y en qué fechas.

También se busca conocer qué montos estarían pendientes de transferencia, cuál fue el destino de los recursos que no se hubieran transferido, y qué funcionarios o directivos de JUJ tenían a su cargo las obligaciones normativas.

Solicitan además que, si se confirma una deuda exigible, el Pejeza adopte las medidas administrativas necesarias para reclamar la regularización de los montos pendientes. Pese a que esta acción es de obligatorio cumplimiento, habría sido omitida por las anteriores gestiones del Pejeza

La investigación comprendería a la presidenta, gerente y demás directivos o funcionarios que hubieran intervenido en la recaudación, administración, omisión de transferencia o supervisión de estos recursos durante los periodos examinados. Cualquier sanción tendría que sustentarse en hechos acreditados, en una infracción prevista por la ley y su Reglamento; y en la determinación de responsabilidad individual, respetando el debido proceso.

EXPLICACIONES AL PEJEZA

El documento solicita que el Pejeza informe sobre las denuncias penales presentadas desde 2017 y su estado actual. Exigen además, que explique si sus anteriores gestiones promovieron las acciones administrativas correspondientes y qué medidas adoptó la Dirección Ejecutiva anterior, sin presumir responsabilidad personal de sus funcionarios. Finalmente, piden que la respuesta sea escrita y documentada, con copia del cargo de presentación de la denuncia administrativa y constancia de su registro ante la autoridad competente.

El colectivo sostiene que la transparencia en la recaudación y transferencia de las TUIHMA es fundamental para proteger los recursos públicos destinados a la infraestructura hidráulica mayor. Asimismo, señala que los usuarios de agua no deberían terminar asumiendo las consecuencias económicas de eventuales deudas que correspondan esclarecer a las entidades responsables.

Los solicitantes esperan que Pejeza y las autoridades competentes verifiquen los hechos, determinen si hubo incumplimientos, y establecer las responsabilidades legales.

Advierten que una presunta omisión a las transferencias y las posibles responsabilidades mencionadas, constituyen hechos que deben ser investigados y acreditados por las autoridades competentes.