La Municipalidad Distrital de Pacasmayo se vio en la necesidad de resolver mediante prescripción la identificación y eventual sanción de los responsables de presuntas irregularidades en la ejecución de una intervención por más de S/ 306 mil con el programa “Trabaja Perú”, en el año 2016, durante el gobierno del ex alcalde Aldo Navarro Sarmiento.

El caso fue llevado a sesión de concejo del 13 de mayo de 2024 debido a que el mismo programa de empleo temporal del Ministerio de Trabajo que antes se llamaba “Trabaja Perú”, ahora es “Llamkasun Perú”, hizo una revisión de los antecedentes de convenios con la Municipalidad Distrital de Pacasmayo y detectó irregularidades en un proyecto desarrollado en el año 2016, nacido del convenio de ejecución del proyecto 13-001-AC-73 denominado  "Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Peatonal de la Av. Gonzalo Ugas Salcedo, desde la calle Atahualpa hasta la Vía de Evitamiento, Distrito de Pacasmayo”, con código de Proyecto de Programa 1300000868 y código SNIP 316915.

La subgerencia de Infraestructura de la actual gestión municipal intentó ubicar el proyecto del 2016 en el acervo documentario, pero no se halló nada, pese a que en el portal Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas sí existe la transferencia para éste en esa fecha por S/ 306,454, con un importe girado de S/262,403. Como puede evidenciarse, existía un saldo de S/44,051.

 Debido a que el Programa de Empleo Temporal "Llamkasun Perú” tiene establecido que ante la falta de devolución de saldos de proyectos, no permite participar a los gobiernos locales, salvo que se inicien los procedimientos indagatorios y eventual sanción contra los responsables administrativos sean servidores o funcionarios públicos, e incluso proceder con la denuncia penal ante el Ministerio Público si se presumiera delito.

En este sentido para poder acceder a los proyectos con “Llamkasun Perú”, el concejo municipal acordó por unanimidad que se determinen las responsabilidades administrativas de quienes no cumplieron con devolver los saldos del proyecto del año 2016. Derivaron el caso a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y a la procuraduría técnica de la MDP a fin de que asuman competencia.

En dichas instancias, la investigación ni siquiera pudo iniciarse debido a que el plazo de prescripción para el inicio del procedimiento administrativo sancionador venció en agosto del año 2019.

Es así que mediante Resolución de Gerencia 121-2026-MDP/GM del 20 de octubre de 2026, se declaró el archivo definitivo del caso señalando que “Ha operado la prescripción a favor de los que fueron presuntamente responsables en el transcurso del tiempo por más de 3 años, tanto más, que los hechos ocurrieron en el mes de agosto del año 2016 fecha en que se cometieron los hechos materia de imputación; por lo que se computa los tres (3) años como prescripción larga el mes agosto del año 2019, como fecha máxima para haber iniciado el PAD contra los presuntos responsables.  En consecuencia, La Entidad a través de los Órganos del PAD, habría perdido competencia para iniciar el proceso.”

De esta manera, la presunta irregularidad cometida en agosto de 2016 no generó ningún proceso administrativo sancionador y vencido el plazo para que se iniciara en agosto de 2019, quedó sin determinarse responsabilidades.