La Contraloría General de la República, a través del Órgano de Control Institucional del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS),  emitió un nuevo informe sobre el proyecto de inversión pública para la construcción del nuevo Hospital Tomás Lafora de Guadalupe.

El Informe de Auditoría N° 010-2026-2-5297-AC, publicado el 21 de octubre, revela irregularidades en la ejecución del proyecto formalmente denominado "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo Tomás Lafora Guadalupe del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad".

El informe detalla una serie de deficiencias técnicas, presupuestales y administrativas cometidas por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) durante el período comprendido entre el 23 de febrero y el 1 de octubre de 2024.

Según el órgano de control, estas acciones han generado un perjuicio económico al Estado que asciende a S/ 2 millones 045 mil 577,57 monto proyectado hasta el 26 de junio de 2026. Este monto, correspondiente al pago de gastos generales por una suspensión de obra, continuará incrementándose mientras dicha suspensión se mantenga vigente.

El equipo de control de la Contraloría señala en su informe que el origen del problema radica en la fase de actuaciones preparatorias y la convocatoria de la Licitación Pública Nº 05-2024-PRONIS-1.

Los auditores determinaron que los funcionarios de la Unidad de Obras del PRONIS formularon un requerimiento técnico con severas deficiencias, ya que no describe de forma objetiva y precisa las condiciones reales en las que se ejecutarían los trabajos. Específicamente, el documento indicaba que el terreno para la obra principal contaba con libre disponibilidad. Sin embargo, la realidad era completamente distinta, pues en dicho espacio continuaban operando los servicios de salud del hospital existente.

Además, dentro del área del proyecto se ubica un inmueble de la época republicana, datado a finales del siglo XIX, el cual posee la presunción legal para ser declarado Patrimonio Histórico de la Nación. El PRONIS tenía pleno conocimiento de esta condición patrimonial desde el año 2020, tras las comunicaciones emitidas por la Dirección Desconcentrada de Cultura de La Libertad, entidad que recomendó expresamente "mantener la integridad del inmueble".

A pesar de ello, el requerimiento técnico ignoró esta situación y omitió establecer medidas para asegurar la disponibilidad oportuna del terreno, asumiendo esa condición, cuando con pleno conocimiento sabían que no estaba totalmente liberado.

A las deficiencias técnicas se sumó una irregularidad presupuestal. La Unidad de Obras solicitó y aprobó una certificación de crédito presupuestario que resultaba a todas luces insuficiente para cubrir las obligaciones contractuales establecidas para los años 2024, 2025 y 2026. Para el año fiscal 2024, se solicitó una certificación por S/ 3 millones 992 mil 296,00, monto que apenas garantizaba el adelanto directo del 10% correspondiente únicamente al Plan de Contingencia, dejando sin cobertura el adelanto de materiales de esa misma etapa, así como todos los adelantos correspondientes a la obra principal.

La Sub Unidad de Logística advirtió expresamente sobre este déficit de recursos mediante un informe emitido en junio de 2024. No obstante, el jefe de la Unidad de Obras desestimó la advertencia y ordenó continuar con la convocatoria del procedimiento de selección, argumentando que se buscarían saldos de libre disponibilidad de otros proyectos para reorientarlos al Hospital Tomás Lafora.

De este modo, la licitación fue convocada vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado, la cual exige contar con el crédito presupuestario suficiente bajo sanción de nulidad.

El proceso de selección culminó con el otorgamiento de la buena pro al único postor que se presentó, el Consorcio Hospitalario Pacasmayo, conformado por las empresas CMO Group S.A.C. y Consultoría & Construcción Grupo Pérgola S.A.C.

En esta etapa, el comité de selección incurrió en una nueva y grave falta al no verificar adecuadamente el cumplimiento de los requisitos de calificación.

Las bases del concurso exigían que el postor acreditara una experiencia mínima con un monto facturado acumulado de S/ 213 millones. El comité de selección dio por válido un monto de experiencia en obras similares equivalente a S/ 226 millones 650 mil 296,66, otorgando así la buena pro. Sin embargo, la revisión efectuada por la comisión auditora reveló que la documentación presentada por el consorcio solo sustentaba fehacientemente la suma de S/ 90 millones 326 mil 241,97. Varios de los contratos presentados por el postor presentaban discrepancias entre las actas de recepción y los montos ejecutados por componentes, y en algunos casos se incluyeron partidas de equipamiento que no correspondían a la especialidad requerida. En consecuencia, el postor no cumplía con la experiencia exigida, pero aun así logró suscribir los contratos para la ejecución del plan de contingencia y la obra principal.

Una vez iniciada la fase de ejecución contractual, las deficiencias del requerimiento técnico se materializaron en problemas operativos inmediatos.

El 16 de octubre de 2024, el coordinador de obra realizó la entrega del terreno para la obra principal de manera parcial, a pesar de que esta modalidad no estaba contemplada en el expediente de contratación ni en las bases integradas.

Las actas suscritas indicaban que se otorgaba una entrega parcial para el inicio de la ejecución, contradiciendo la condición de libre disponibilidad advertida inicialmente. Además, la entrega del terreno generó que el contratista solicitara desembolsos por adelantos que no contaban con el respaldo presupuestal previsto para el año 2024, forzando a la entidad a realizar modificaciones presupuestales inoportunas para transferir más de cuarenta y siete millones de soles desde otros proyectos de inversión.

El inicio anticipado de la obra principal con un terreno entregado solo de forma parcial provocó interferencias severas en la ejecución del contrato. El consorcio contratista advirtió mediante el cuaderno de obra sobre la imposibilidad de ejecutar partidas de la ruta crítica debido a la existencia del hospital antiguo en funcionamiento y a la presencia del inmueble con presunción de patrimonio cultural.

Ante este escenario previsible y originado por la propia entidad, el PRONIS y el contratista suscribieron el acta de suspensión del plazo de ejecución de obra el 4 de febrero de 2025, acordando paralizar los trabajos. El documento justificó la medida por el "impedimento de continuar con partidas programadas de ejecución de obra".

Esta suspensión de plazo ha desencadenado el millonario perjuicio económico advertido por la Contraloría.

Por mandato legal, la entidad está obligada a reconocer y pagar al contratista los gastos generales variables generados durante el periodo de paralización.

El órgano de control calculó que estos conceptos, que incluyen el pago de personal profesional, técnico, administrativo, seguros y mantenimiento de fideicomiso, suman S/ 2 045 577,57 para el periodo comprendido entre el 3 de febrero de 2025 y el 26 de junio de 2026.

El informe de auditoría concluye identificando presunta responsabilidad administrativa y penal en seis funcionarios y servidores del Programa Nacional de Inversiones en Salud que participaron en la formulación del requerimiento, el proceso de selección y la administración del contrato.

La Contraloría ha recomendado al órgano instructor procesar administrativamente a los implicados y ha derivado el caso a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción para que inicie las acciones penales correspondientes, buscando que se determinen las responsabilidades legales por el manejo irregular de esta obra de infraestructura hospitalaria que se vendió como una de las de mayor inversión y utilidad para la región La Libertad.

Como se sabe, el proyecto de inversión "Mejoramiento y ampliación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo Tomás Lafora Guadalupe del distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, departamento de La Libertad", con CUI 2427376 tiene un monto de inversión de S/ 358 millones 895 mil 140,08.