Durante su presentación en el Congreso para pedir un voto de confianza, el primer ministro, Pedro Cateriano, propuso que las cárceles ubicadas en el ámbito de las ciudades, sean trasladadas hacia las zonas periféricas, por razones de seguridad. Se refirió a que esta idea permitiría habilitar nuevos locales penitenciarios administrados por entes públicos, privados o de capitales mixtos, evitando la presencia de esos establecimientos en la ciudad constituyéndose en una amenaza para la seguridad. Ha subrayado que cárceles en medio de las urbes generan “un riesgo latente”, reconociendo que los penales actuales han quedado dentro de las ciudades por el crecimiento poblacional.

No olvidemos que se abandonó la idea desarrollada durante el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde, de tener colonias penales en la selva para hacer trabajar a los reclusos y propiciar desarrollo de esa región. La idea no prosperó. Por el contrario, en algunos casos se nada contra la corriente.

Aquí debemos volver a traer a colación el caso del penal de San Pedro de Lloc, absurdamente rehabilitado en un espacio reducido, en medio de la ciudad, cerca de instituciones educativas, de varias entidades públicas de suma importancia y de espacios deportivos para la niñez y para la juventud.

Está suficientemente acreditada la gama de atropellos perpetrados por la construcción del Inpe y cómo el gobierno municipal ha permitido ser burlado.

Hay dos responsables de esta acción: uno, el Inpe cuyos funcionarios han actuado con miopía y mal criterio de inversión al gastar en rehabilitar un penal que no tiene mayores posibilidades para albergar a un número de reclusos que cada vez es mayor. Lo mejor hubiese sido agotar los esfuerzos para obtener un terreno más amplio fuera de la ciudad donde construir una cárcel con garantías de seguridad, en mejores condiciones y no malgastar el dinero en algo que será insuficiente.

El otro gran responsable, y el principal a toda vista, es el Gobierno Provincial del alcalde Roland Aldea que ha permitido ser avasallado totalmente dejándolo en ridículo y sin que haya habido mínima intención de hacer respetar su autoridad y los derechos de la ciudad. Está suficientemente acreditada la gama de atropellos perpetrados por el Inpe al haber comenzado a trabajar –según lo dicho por las autoridades- sin que la Municipalidad lo supiese. Eso supone que no se ha dado autorización al plano correspondiente. Han invadido el espacio público de la calle al haber ignorado la ordenanza que obliga al recorte de la fachada de todos los predios del jirón Ancash. La autoridad municipal ha sido incapaz de hacerse respetar, ha permitido ser burlada; y, lo peor, se ha agraviado a la propia ciudad y a sus moradores.

La propuesta del premier Pedro Cateriano de tener cárceles fuera del radio urbano de las ciudades, respalda la actitud de algunos vecinos de la capital provincial pacasmayina al oponerse a la rehabilitación del penal. Ese movimiento quedó en papel, hasta el alcalde firmó el memorial cuestionando los trabajos. Pero allí quedó todo, y el abuso se ha perpetrado. ¿Ahora qué dirán con el planteamiento oficialista de que las cárceles deben estar fuera de las ciudades por razones de seguridad ciudadana?