Debería ser una lección para todos, el caso del exalcalde de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, Juan Antonio Lingán Ríos. Se le ha confirmado la sentencia que lo condena a cinco años de pena privativa de libertad, el pago de una reparación civil de más de 2 millones 111 mil nuevos soles, e inhabilitación por tres años para el ejercicio de toda función pública. Ha sido hallado culpable de delitos de corrupción por la venta de terrenos del Estado a precio subvaluado a favor de Cementos Pacasmayo. Se encuentra prófugo.

Si bien su defensa ha anunciado que recurrirá a un pedido de casación, la esperanza que prospere es escasa. La casación es un recurso extremo, extraordinario, por el cual se busca que la máxima instancia de justicia en el Perú, en este caso la Corte Suprema, anule una sentencia. Una casación procede siempre que se acredite que la sentencia haya sido dictada bajo una incorrecta aplicación de la ley; o, que el procedimiento se haya incumplido.

Nada de esto se puede acreditar en el juicio que se le ha seguido en las dos instancias. Sin embargo habrá que esperar. Eso no es obstáculo para llamar a meditación a los alcaldes respecto de cómo deben actuar en el ejercicio de su cargo si es que no quieren pasar por situaciones semejantes.

(...) llamar a meditación a los alcaldes respecto de cómo deben actuar en el ejercicio de su cargo si es que no quieren pasar por situaciones semejantes.

Hay alcaldes que creen tener poderes omnímodos para decidir en los actos de gobierno de la ciudad, y obran al margen de la ley. Ignoran los informes de sus funcionarios advirtiéndoles de alguna irregularidad, o bien se coluden con éstos para dar visos de legalidad a acciones que están lejos de ser tales. Confían en el poder que les otorga la Ley de Municipalidades. La autonomía que les consagra la ley, mal interpretan como el derecho para gobernar como les dicta su criterio y como se les antoja.

Eso es lo que ha ocurrido con el ahora prófugo Lingán Ríos, quien deberá pagar las consecuencias de haber obrado en contra de la ley. Lamentablemente, se empecinó en su actitud, actuó al margen de su concejo, ignoró la obligación de licitar la venta de bienes e incurrió en otras irregularidades por las que ahora sufre las consecuencias. En este caso -como en otros- desde este Diario se advirtió de las irregularidades, cuando sucedían y se podía haber enmendado rumbo, pero no se hizo.

Desde este Diario se advirtió de las irregularidades, cuando sucedían y se podía haber enmendado rumbo, pero no se hizo.

Los actuales burgomaestres deben tomar en cuenta este pasaje que si bien es cierto impone justicia en favor del estado de derecho y la protección del bien público, resulta doloroso para el exalcalde y su familia. Sospechamos que otros gobernantes en las provincias de Pacasmayo y Chepén van a pasar por este mismo proceso porque han tenido idénticas o similares acciones, desoyendo todo llamado y advertencias que se les hizo por actos en los que evidentemente estaban obrando ilegalmente.

Hay en nuestro valle tres exgobernantes locales en condición de prófugos de la justicia: Juan Lingán Ríos, Wilfredo Quesquén Terrones y Pablo Martín Alvarez Castañeda. La lista puede incrementarse. A ellos se han sumado ya algunos funcionarios. Estas son razones más que suficientes para que los nuevos alcaldes en ejercicio obren con apego a la ley y sobre todo con honestidad.