La investigación a la red mafiosa de Rodolfo Orellana ha permitido tomar conocimiento de la dimensión de las irregularidades que involucran a notarios, árbitros, registradores públicos, fiscales, policías, jueces, periodistas y muchos profesionales más. Todos ellos se deben al servicio ciudadano. En el caso de los servidores estatales sus funciones están claramente delimitadas por normas y códigos de ética. Lo propio pasa con algunas actividades privadas, como en el caso de los periodistas.

¿Qué pasa cuando la mayoría de esos operadores falla en el cumplimiento de sus deberes? La respuesta es simple, se cae en el campo delictivo y se pasa a conformar parte de una organización que opera ilegalmente avasallando normas, debilitando el sistema de seguridad ciudadana, atentando contra la propiedad privada. Se genera un clima de inseguridad jurídica. No se puede confiar en organismos del Estado cuyos funcionarios deben estar para garantizar los derechos de todos, pero obran al revés. Esto es lo que ocurrió con la red Orellana, por lo que se deduce de lo que se ha avanzado en las investigaciones. Un primer estimado es que esa organización llegó a manejar hasta 500 millones de soles, apropiándose ilícita y dolosamente de muchas propiedades privadas y estatales, a través de operaciones fraudulentas favorecidas por notarios, árbitros, registradores públicos, fiscales y jueces. Hablamos, por lo tanto, de una de las organizaciones criminales más peligrosas de la historia.

Pero si analizamos los diversos casos que aisladamente se han conocido en las provincias de Pacasmayo y Chepén, sin necesidad de referirse a la red Orellana, concluiremos en que esos métodos criminales se han extendido peligrosamente. Por eso es que hemos visto –y seguimos viendo- a personas que pese a tener sus propiedades inscritas en Registros Públicos, han terminado despojadas de las mismas gracias a la sospechosa actuación de algunos funcionarios cuya misión debería ser cautelar y garantizar la intangibilidad de la propiedad privada. Pero, no cumplen con sus obligaciones, se apartan de la ley y caen en el delito. Lo hacen a sabiendas.

¿Se requiere acaso de más leyes además de las miles de miles que tenemos? Podría ser que en algunos casos sí, porque, como se dice, hay legisladores que diseñan normas dejando ventanas abiertas para operar frente a determinadas circunstancias. Hecha la ley, hecha la trampa. Por tanto, podría ser que se requiera de algunas para cubrir vacíos. Podría ser.

Sin embargo, creemos que lo principal está en la calidad ética y moral para desempeñar la función que a cada quien corresponde. Si no hubiese funcionarios que se presten a jugadas dolosas para perpetrar despojos y otros tipos de irregularidades, no hubiese ocurrido lo que ahora se investiga como una de las más grandes y organizadas redes criminales concebidas en el país para apoderarse de bienes inmuebles, pese a que éstos se hallaban debidamente inscritos en Sunarp y supuestamente estaba garantizada la protección de su propiedad.

Tenemos que profundizar en la formación ética y moral de las personas para que sean capaces de rechazar todo acto ilícito; que los ciudadanos –sea cual fuese el rol que tengamos- seamos capaces de cumplir honesta y honradamente nuestras funciones. En eso debe incidir la educación en el hogar y en la escuela. Esa debe ser la fortaleza peruana que debemos afianzar para ir camino al verdadero y total desarrollo.