El fiscal Martín Ocampo García, de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, dispuso no formalizar ni continuar investigación preparatoria contra Rosa Magdalena Sifuentes Wiltimburi (Rosa Magdalena Sifuentes Whittembury), y los que fueran responsables del delito contra el patrimonio en la modalidad de usurpación agravada, denunciado en abril de 2021 por la procuraduría de la Municipalidad Distrital de San José, en defensa del terreno de más de 5 mil m2 destinado a parque de la Urbanización Los Ángeles, en el distrito de San José.

El caso tomó dos años para la investigación preliminar, y recién el 28 de marzo 2023 se emitió la resolución fiscal que archiva la denuncia de la autoridad municipal.

La denuncia fue formulada por la procuradora pública de la Municipalidad Distrital de San José, Karen Elizabeth Quispe León.

En estos dos años, el representante del Ministerio Público no pudo comprobar la titularidad del predio en el que se produjeron los incidentes que derivaron en la denuncia de la procuradora pública de la MDSJ, Karen Elizabeth Quispe León.

Quispe León denunció que el 23 de abril de 2021, Rosa Magdalena Sifuentes Wiltimburi (Rosa Magdalena Sifuentes Whittembury) inició trabajos de topografía y demarcación de un área municipal de 5,300 m2, a espaldas del estadio de San José y frente a la urbanización Los Ángeles, en terreno destinado a parque, según el Plano Básico del Distrito, aprobado con Resolución de Alcaldía 021-2021.MDSJ/A. En el lugar se halló palos, alambre de púas, e incluso ladrillos iniciando la instalación de un cerco perimétrico.

El fiscal Ocampo archiva el caso “resolviendo un conflicto, restablece el principio de presunción de inocencia y al mismo tiempo resuelve conflictos”.

Al siguiente día, la denunciada llegó con personas desconocidas y continuó con los trabajos iniciados el día anterior, lo que generó un altercado con los vecinos.

Para el fiscal Ocampo, según dispuso en el caso 715-2021-FPMC-Pacasmayo, el hecho denunciado no constituye delito por lo que no dispuso formalizar ni continuar con la investigación preparatoria, archivando la denuncia.

Añade que archiva el caso “resolviendo un conflicto, restablece el principio de presunción de inocencia y al mismo tiempo resuelve conflictos”.

En la misma disposición describe el delito de usurpación (Art. 202, 204), que en su forma agravada señala que se configura cuando se perpetra entre dos o más personas, sobre bienes del Estado; colocando hitos, cercos perimétricos u otros similares.

En el proceso fiscal, la denunciada presentó una serie de documentos que supuestamente fueron emitidos por la Municipalidad Distrital de San José. Sin embargo, la entidad municipal no reconoció la autenticidad de dichos documentos y advirtió que algunos de estos no correspondían a los que se tenían en archivo.

La denuncia se presentó en abril 2021. Casi dos años después, el 28 de marzo 2023 el fiscal emitió la resolución que archiva la denuncia de la autoridad municipal.

El fiscal concluye que “de los elementos de prueba recabados a los largo de la investigación preliminar se advierte la inexistencia del dolo por parte de la denunciada, al contar con documentación expedida por la entidad edil, de donde surgen las discrepancias respecto al derecho de propiedad (…) existe la posibilidad de utilizar otros medios o instrumentos jurídicos no penales para restablecer el orden jurídico en el presente caso”.

El desarrollo del caso que se convirtió en un asunto de interés público, fue consultado hace algunos días en el Ministerio Público por el ciudadano José Absalón Sevilla Gonzales, residente y dirigente de la urbanización Los Ángeles, ante el fiscal Ocampo. El ciudadano indicó que el representante del Ministerio Público le negó la información porque no era parte del caso.

Ante esto, el ciudadano recurrió a la municipalidad para que se le informe, mediante un pedido de acceso a la información pública, y solo así se pudo conocer y hacer pública la resolución del fiscal archivando la denuncia.