La Contraloría General de la República, a través de la Gerencia Regional de Control de La Libertad, emitió un informe de visita de control relacionado con las actividades de la Oficina Nacional de Procesos Electorales en la región de La Libertad.

El documento está referido al despliegue y el repliegue del material electoral ejecutado por la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Pacasmayo hacia los diversos locales de votación. Esta actividad de control se desarrolló en el marco de las Elecciones Regionales y Municipales convocadas para el 4 de octubre del año dos mil veintiséis. El periodo de evaluación comprendió desde el 1 al 4 de octubre de 2026.

El objetivo general de la intervención fue determinar si dicho servicio de transporte terrestre se ejecutó conforme a los términos de referencia, la normativa aplicable y las disposiciones internas de la entidad electoral.

La acción de control tuvo lugar en el distrito de San Pedro de Lloc, perteneciente a la provincia de Pacasmayo, sede donde se encuentra instalada la ODPE-P.

Durante la evaluación, la comisión auditora identificó una situación adversa que compromete el desarrollo de las actividades operativas. El informe señala de forma literal la siguiente situación adversa, "la ODPE Pacasmayo, no garantizó que todas las unidades de transporte, contratadas para el servicio de despliegue y repliegue de sobre plomo e integral, cuenten con extintores reglamentarios y vigentes, botiquines equipados y condiciones técnicas adecuadas; situación que generó riesgo en el traslado de material electoral y del personal, así como podría generar la inaplicación de penalidades".

Esta situación fue verificada mediante inspecciones físicas realizadas a las unidades vehiculares dispuestas por los contratistas.

El 2 de octubre de 2026, los auditores efectuaron una verificación selectiva a los vehículos contratados para el despliegue del material electoral. En esta diligencia, se detectó que una minivan asignada a la ruta 7, que cubre el tramo entre la ODPE, Casa Grande y el centro poblado Mocán, presentaba la mica del faro posterior rota. El documento detalla que esta pieza fue reparada de forma rudimentaria, lo cual no garantizaba la visibilidad de las luces de la carrocería y reducía la seguridad de la unidad vehicular. Asimismo, un bus destinado a la ruta 16 con dirección a Paiján, presentaba uno de los espejos retrovisores laterales rajados, lo que limitaba el campo visual del conductor e incrementaba la posibilidad de accidentes de tránsito.

Por su parte, el parabrisas de una minivan asignada a la ruta 13, orientada hacia Chicama y el centro poblado Luz del Sol, exhibía rajaduras que afectaban la visibilidad del conductor.

Las deficiencias se extendieron a los elementos de seguridad requeridos por la normativa de transporte de pasajeros. En el acta de inspección número 002-2026-CG/ONPE-ODPE PACASMAYO, levantada el 4 de octubre de 2026, se dejó constancia de que una minivan empleada en la ruta 17 hacia Razuri, no contaba con extintor ni botiquín.

El informe especifica que esta unidad fue propuesta por el contratista Tracker Vehicular Satelital para cubrir la ruta Pacasmayo Ascope 1. La carencia de estos implementos constituye un incumplimiento directo del contrato número 007-2026-ODPE-PACASMAYO-ERM 2026/ONPE, suscrito el 30 de septiembre de 2026.

De acuerdo con las cláusulas de dicho documento y los términos de referencia, la empresa debe proporcionar vehículos con un equipo contra incendios y un botiquín de primeros auxilios. El no disponer de estos elementos amerita la aplicación de una penalidad equivalente al diez por ciento de la Unidad Impositiva Tributaria por cada vehículo infractor.

En el servicio de repliegue de sobres plomos, ejecutado el 4 de octubre de 2026, también se registraron observaciones durante las diligencias.

La inspección realizada a un automóvil asignado a la ruta entre la Institución Educativa 80374 José Sevilla Escajadillo, San Pedro de Lloc y la ODPE Pacasmayo reveló que la unidad contaba con un extintor de un kilogramo cuya fecha de fabricación correspondía al año 2022. La tarjeta de registro del equipo documentaba recargas únicamente hasta el año 2025, sin señalar la fecha de la última recarga, evidenciando que el implemento no se encontraba vigente en el momento de la evaluación. Adicionalmente, la capacidad del extintor incumplía la Norma Técnica Peruana NTP 833.032/2006. Para un vehículo automotor de categoría M1, la normativa exige un extintor con una capacidad de carga referencial mínima de 2 kilogramos, por lo que el equipo encontrado resultaba insuficiente para mitigar un posible siniestro.

Estas observaciones contravienen el Reglamento Nacional de Administración de Transporte, aprobado por el Decreto Supremo número 017-2009-MTC, el cual establece como condición técnica específica mínima que los vehículos cuenten con extintores y botiquín en óptimo funcionamiento.

Las faltas documentadas conllevaron a un riesgo para la integridad de los transportistas y del personal que custodiaba los documentos electorales. A partir de estos hallazgos, la Contraloría recomendó notificar el informe de visita de control al señor Javier Rodríguez Molina, jefe de la ODPE Pacasmayo.

El titular dispone de un plazo de cinco días hábiles para comunicar a la comisión de control las medidas adoptadas ante la situación advertida.