Hace bien el gobierno del alcalde Aldo Navarro Sarmiento en tratar de recuperar las calles de la ciudad para que queden libres al tránsito peatonal. Hace mucho tiempo que han terminado siendo propiedad privada de algunas personas que creen que sus derechos van más allá del límite que les fija la ley y la razón.

El comercio ambulatorio, aun siendo un problema de corte social, tiene límites y no puede atropellar prepotentemente a la autoridad ni al derecho de los demás. Es un abuso que, con el pretexto de la necesidad de trabajo, los ambulantes ocupen las veredas, se coloquen obstruyendo las puertas de las casas, coloquen clavos en las paredes, instalen parlantes para promocionar sus ventas y hacer funcionar sus equipos de sonido con volumen exagerado.

Hay informales que, invocando necesidad social, se adueñan de las calles sin que la autoridad reaccione. Así tenemos a recicladores de chatarra apoderándose de las veredas. En Pacasmayo, el gobierno actual ha decidido acabar con esta mala práctica. Es una decisión que la respaldamos plenamente. No se debe permitir que esas malas prácticas continúen, se impida el tránsito peatonal, hasta se insulte y se amenace a quien se atreve a reclamar.

Aplaudimos la determinación de poner término a ese abuso, y esperamos que se cumpla sin excepciones, y sin pausa. Esa labor debe continuar. Igualmente debe procederse a notificar a quienes tienen vehículos, materiales de construcción y hasta muebles en la vía pública hace mucho tiempo. Igual en cuanto a quienes cierran calles para celebrar sus fiestas familiares o instalar negocios de comidas y otros. Todo eso debe acabar, sin necesidad de pelearse con la gente.

No será fácil luchar contra todo esto. Lo entendemos, perfectamente. Debe ser una labor de largo aliento, pero hay que comenzarla; a todos nos corresponde hacer entender de la necesidad de vivir en orden.

Debemos ser conscientes que así como todos tenemos derechos, también hay obligaciones que debemos cumplir. Nadie tiene por qué enfrentarse a la autoridad o amenazar al ciudadano que reclama por sus derechos. Tenemos que educarnos y practicar aquello que siempre se recuerda: mis derechos terminan donde comienzan los de los demás. Ha sido una desagradable sorpresa enterarse que el dueño de un negocio dedicado a la venta de licor había construido un urinario público, ocupando parte de la calle, para sus parroquianos. Esto parece de Ripley, pero es real, y se daba en nuestra ciudad. Felizmente ya se derruyó ese urinario público.

No será fácil luchar contra todo esto. Lo entendemos, perfectamente. Debe ser una labor de largo aliento, pero hay que comenzarla; a todos nos corresponde hacer entender de la necesidad de vivir en orden. Aprendamos de lo bueno. Las malas costumbres tenemos que rechazarlas si queremos una ciudad ordenada, en la cual podamos vivir con total respeto por las normas y con reciprocidad en el reconocimiento de derechos. Reiteramos que no es una tarea fácil. En buena hora que Pacasmayo la haya iniciado con determinación y la esté continuando con la recuperación de los terrenos de su propiedad, invadidos.

Resaltamos el apoyo que la Policía viene brindando a estas acciones para garantizar el orden, y evitando el choque. Nadie lo quiere ni lo desea. Por eso la importancia del diálogo para que cada quien sepa cuál es el límite de sus derechos. La ciudadanía debe comprenderlo.