Nuevas denuncias periodísticas sobre graves casos de corrupción nos llevan a pensar si acaso este fenómeno es invencible. Si hasta ahora es así, es consecuencia de la debilidad del Gobierno para sancionar. Este Gobierno sigue la línea de los anteriores tratando con mano blanda asuntos de extrema gravedad. Los hechos de corrupción no se castigan como debe ser. Peor, cuando se asume como “anecdóticos” ateniéndonos a la infeliz declaración hecha por Julio Magán, jefe del Inpe al calificar la existencia de un locutorio y centro de recarga de celulares en el penal Castro Castro. ¿Puede ser “anecdótico” un hecho tan grave? ¡Qué es esto!

En programas dominicales televisivos se ha revelado que en los penales Castro Castro y Sarita Colonia, varios reclusos tienen teléfonos celulares. Se han mostrado imágenes de reclusos usando esos aparatos al tiempo de pasear por la cárcel, como quien circula en libertad por cualquier calle. De manera insólita –de ninguna manera anecdótica- existe hasta un negocio de recarga en el interior del propio penal. Lamentablemente es típico de nuestro país donde la corrupción tiende a enraizarse por la debilidad para castigar, y porque la corrupción es un círculo con múltiples involucrados, los que pagan, los que reciben, los que no denuncian, o no se involucran por diversas razones.

¿Quién es culpable del ingreso de celulares al interior las cárceles: los presos o los funcionarios del Inpe encargados del control? La respuesta es obvia, quienes deben responder son los trabajadores de una entidad del Estado a los cuales se les paga para realizar una función. ¿Cuál ha sido el “castigo” que se ha aplicado? La superioridad del Inpe ha dispuesto rotar a los jefes de los dos establecimientos donde se descubrieron esos casos. ¿Puede ser “castigo” una rotación de lugar de trabajo? A los presos se les envía a otros penales, supuestamente de “de máxima seguridad”, donde ocurre lo mismo.

Esa “sanción” es una inocentada con sabor a tomadura de pelo a la comunidad nacional. La corrupción va a pasar a otras cárceles donde va a extenderse. Es repudiable que sigamos con ese tipo de “castigos”.

Otro escándalo es el de un efectivo del servicio de inteligencia de la PNP en poder de 22 tarjetas bancarias para pagar combustible, que deberían estar en poder de los conductores de igual número de patrulleros del Escuadrón Verde, en Lima. Misteriosamente aparecieron en manos de un suboficial que –en evidente complicidad con el propietario del grifo- simulaba que llenaba el tanque de combustible de las unidades. Pero era esas dotaciones que jamás entraban a los vehículos se revendían, y el dinero iba a parar a los bolsillos de aun desconocidos miembros de la PNP.

Imposible creer que un simple sub oficial sea el único culpable. Allí, con toda seguridad, están comprometidos oficiales que siguen robando al Estado. Esto se repite a nivel nacional con distintas modalidades. Todos los patrulleros tienen una dotación de combustible para hacer rondas diarias. Pero los vehículos suelen estar estacionados en las comisarías, es decir el gasto de gasolina es mínimo.

Estos –como otros- son hechos sumamente preocupantes. Frente a una corrupción que crece; lo que sí existe son las respuestas bien calculadas de los funcionarios estatales por librar responsabilidad. Luego sigue el olvido.