Es una buena noticia para el país. La Comisión Permanente del Congreso aprobó una ley que prohíbe, a los jueces, dictar penas privativas de libertad suspendidas para los funcionarios públicos sentenciados por casos de corrupción. El anuncio ha sido hecho por la presidenta del Congreso, Ana Jara Solórzano, en rueda de prensa que ofreció en forma conjunta con el contralor de la República, Fuad Khoury, y con el presidente de la Comisión de Justicia del Legislativo, Juan Carlos Eguren.

Esta iniciativa había sido propuesta por la Contraloría con el fin de combatir lo que en la práctica resultaba ser un acto de impunidad. El funcionario es sentenciado con pena de prisión suspendida, supuestamente con sujeción a determinadas limitaciones que, en la práctica, no se cumplen. Las cosas cambian ahora, y funcionario público que reciba sentencia condenatoria tendrá que cumplirla de manera efectiva.

Es una buena noticia para el país. La Comisión Permanente del Congreso aprobó una ley que prohíbe, a los jueces, dictar penas privativas de libertad suspendidas para los funcionarios públicos sentenciados por casos de corrupción.

Puede ser que con todos los casos descubiertos y con la cantidad de alcaldes, presidentes regionales, gerentes y jefes de áreas que afrontan procesos judiciales penales, la inclinación corrupta disminuya. Puede ser. Eso dependerá de los titulares de los gobiernos y de los representantes elegidos que tienen función fiscalizadora. Cuídense a la hora de designar al personal que maneja los procesos de selección, las adquisiciones o están en puestos claves que se prestan a acciones fraudulentas. Cuídense de aceptar recomendados cuyas trayectorias no conocen y que pueden resultar topos que van a desprestigiar sus gobiernos, y por cuyas acciones se pueden ver envueltos en procesos penales posteriores.

Retomando el tema de la reforma aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, hay que tener presente lo revelado por el congresista Juan Carlos Eguren quien ha dicho que el 95 % de los sentenciados por corrupción no van a la cárcel, gracias a las resoluciones de los jueces que les conceden penas suspendidas. O lo informado por el contralor Khoury que de 500 funcionarios con condenas por delitos de corrupción solamente 25 tienen pena efectiva. Esto, indudablemente, es una burla. Esto cambiará cuando entren en vigencia las nuevas normas. Ojalá que se cumplan y no se alegue que los jueces son autónomos –lo cual es cierto- y pueden dictaminar si las condenas son efectivas o suspendidas.

Actualmente el 95 % de los sentenciados por corrupción no van a la cárcel, gracias a las resoluciones de los jueces que les conceden penas suspendidas.

Pero se viene otra medida que venía siendo insistentemente reclamada. La próxima semana, la Comisión Permanente del Congreso debatirá el proyecto de ley que duplica los plazos de prescripción para los delitos de corrupción. Este proyecto ya tiene dictamen favorable en Comisión de Justicia y busca que ese tipo de ilícitos no prescriban. Hay conocidos políticos que han ejercido gobierno, se les ha abierto procesos, pero mañosamente se las han ingeniado para dejar pasar el tiempo sin apersonarse al proceso, para lo cual recibieron el apoyo disimulado de fiscales y/o jueces que contribuyeron a dejar que los casos prescriban. Por el bien del país, debe avanzarse con paso firme en la lucha contra la corrupción. Este tipo de medidas contribuye a ese objetivo. Entre tanto, conviene que la fiscalización a los nuevos gobiernos no decaiga.