Joel Alí Quiroz Vásquez ha pagado con su vida el haberse comprometido en la batalla en procura de una mejor sociedad. Fogoso e implacable fiscalizador de la función pública, se la jugó pese a que había sido amenazado. La noche del 30 de diciembre, ya para finalizar el 2014, tres balazos acabaron con él y con su lucha. Difícilmente habrá otra persona que asuma el rol que cumplía este dirigente popular, con la vehemencia y dedicación con que lo hacía.

Quiroz Vásquez era el presidente de la Asociación Civil Chepén; sus enemigos le negaban ese título, por la forma decidida y frontal con que encaraba las cosas, llamándolas por su nombre y haciendo lo que debía hacer: denunciar para que el órgano competente investigue. El se encargaba de acopiar información que fundamentase sus denuncias a fin de que la autoridad competente hiciese el trabajo correspondiente.

Esto no era bien visto por quienes, desde el aparato público, se habían encaramado montando verdaderas organizaciones destinadas a gobernar para favorecer sus propios intereses y los de su grupo haciendo mal uso de los recursos públicos. A Joel Quiroz Vásquez acudían personas de diferentes lugares de la provincia de Chepén a exponer sus problemas y pedirle apoyo, orientación legal, respaldo. Y en ese camino recogió no solo denuncias por presunta deficiente ejecución de obras, probables negociados y/o direccionamiento de licitaciones, adquisiciones amañadas y otras irregularidades, sino también quejas por la deficiente actuación de autoridades del Ministerio Público, en el sector Salud, Educación y otros. Hizo lo que las autoridades pertinentes no hacen: escuchar, investigar y denunciar públicamente, exigiendo cambios.

El asesinato de este humilde padre de familia, trabajador y combativo dirigente popular, tiene que avergonzar al país.

Lo han matado, como ocurrió con José Cuyate Falla, en Guadalupe, evidentemente con el propósito de acallar sus denuncias. Son crímenes que no deben quedar en la impunidad, pero para ello se exige la participación de todos, en la medida de sus posibilidades. ¿Qué país es éste donde se asesina a ciudadanos por el solo derecho de ejercer función fiscalizadora sobre sus autoridades? Es una prueba palpable de cuán arraigada está y lo peligrosa que es la corrupción, pues sus autores no dudan en llegar hasta el crimen para acallar a las voces críticas que reclaman, y exigen, gobernar con honradez.

La muerte de Joel Alí Quiroz Vásquez no debe ser tratada como una de las tantas a las que nos hemos acostumbrado en el Perú. Su asesinato tiene un trasfondo que debe investigarse y esclarecerse hasta dar con los autores intelectuales y materiales. Las sospechas apuntan a que a Quiroz Vásquez se le asesinó por causa de su lucha contra la corrupción. Su crimen llegó cuando, posiblemente, él menos lo esperaba pues la marea alta provocada por sus denuncias había bajado. Probablemente olvidó que se la tenían jurada; la autoridad le dio las espaldas, pues pese a haber solicitado garantías, y saber que era un ciudadano en peligro, no lo atendieron. Hoy no nos dediquemos solo a lamentar lo ocurrido, sino a exigir que este crimen, como el de Cuyate Falla y otros luchadores anticorrupción, se esclarezca. Que se identifique, se capture y se juzgue a los asesinos. Y, fundamentalmente, que no se baje la guardia sino se continúe el camino que marcó este valeroso ciudadano. No podemos permitir que las voces independientes en busca de justicia se acallen, como tampoco podemos mantenernos en la inacción frente a lo que está pasando.