Los integrantes de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados coincidieron, en su mayoría, en la necesidad de que el Poder Ejecutivo precise y delimite las materias incluidas en su solicitud de facultades legislativas, principalmente aquellas que van más allá de la seguridad ciudadana y las medidas frente al fenómeno El Niño.

Durante la sesión, presidida por la diputada Giannina Avendaño, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde, acompañado de ocho ministros de Estado, sustentó la proposición legislativa N.° 00098/2026-2031-CD, que plantea delegar al Poder Ejecutivo la facultad de legislar por 120 días calendario.

Durante el debate, representantes de distintas bancadas expresaron su disposición a evaluar favorablemente medidas urgentes frente a la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, pero solicitaron mayor precisión respecto de otros aspectos de la propuesta. Algunos legisladores advirtieron que una delegación demasiado amplia podría afectar las atribuciones de la Cámara de Diputados.

Por Juntos por el Perú, la diputada Anali Márquez cuestionó la amplitud de la propuesta, que comprende 66 puntos, y sostuvo que las materias objeto de delegación deben cumplir con el requisito de especificidad previsto en el artículo 104 de la Constitución. Consideró que varios aspectos del pedido requieren una delimitación más clara antes de ser aprobados.

GALARRETA

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, en su presentación ante la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, dijo: “Si no tuviéramos el fenómeno El Niño y no tuviéramos este nivel de criminalidad, igual estaríamos acá pidiendo una delegación de facultades, porque es lo que hace cada Gobierno para empezar su gestión”.

Galarreta estuvo acompañado por los ministros del Interior, Defensa, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Justicia y Derechos Humanos, Trabajo y Promoción del Empleo, y Economía y Finanzas.

Argumentó: “También afrontamos desafíos estructurales relacionados con las brechas sociales que no pueden esperar. Una norma puede tomar entre seis y ocho meses, pero existen necesidades ciudadanas que demandan respuestas oportunas”.