Una serie de críticas despertó la designación  de Juan José Santiváñez como ministro de Justicia y Derechos Humanos. 

En marzo, Santiváñez fue censurado en el cargo de ministro del Interior, pero de allí pasó a convertirse en jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, un despacho que se creó expresamente para él, demostrando la cercanía con la presidenta Dina Boluarte.

Boluarte Zegarra tomó juramento, de manera sorpresiva, a los ministros de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez; de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Peña Cardoza, y de Desarrollo e Inclusión Social, Fanny Montellanos Carbajal.

Los portales estatales destacan que Peña Cardoza es una profesional con más de 15 años de experiencia en el sector público, orientada, principalmente, a la solución de problemas ciudadanos, a través de un enfoque de políticas públicas. Ha sido jefa institucional de la Biblioteca Nacional del Perú.

Sobre Montellanos Carbajal, se indica que cuenta con amplia experiencia en la gestión pública, estuvo como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, y directora ejecutiva del programa Cuna Más. Es licenciada en Educación y tiene una maestría en Política Social.

Sobre Santiváñez, se destaca su paso por el ministerio del Interior y que es abogado de profesión.

Se omite que tras ser censurado y pasar a ser nombrado jefe de la Oficina General de Monitoreo Intergubernamental, un cargo que depende directamente del Despacho Presidencial, ganaba un aproximado de 17 mil soles mensuales. 

Santiváñez enfrenta investigaciones fiscales por la presunta comisión de abuso de autoridad y por presunto tráfico de influencias agravado.

En el caso de presunto abuso de autoridad se investiga su presunta participación en el inicio de un proceso administrativo contra el capitán PNP Junior Izquierdo Yarlequé, conocido como Culebra. Izquierdo reveló varios audios en los que un supuesto Santivañez reconocía que la policía protegía al prófugo Vladimir Cerrón, entre otras. Aunque Santiváñez ha negado que sea su voz, ha rechazado pasar por peritaje para la verificación.

En el caso de presunto tráfico de influencias agravado, se investiga la presunta intervención de Santiváñez para favorecer al expolicía Miguel Joel Marcelo Salirrosas, sentenciado por los delitos de asociación ilícita para delinquir y usurpación como parte de la organización criminal Los K y K. Santiváñez era abogado del expolicía.