Aunque la versión oficialista sostiene que “El Gobierno Central reivindicó la justicia para los integrantes de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional del Perú y de los comités de autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo y contribuyeron a la pacificación del país”, lo cierto es que con la promulgación de la ley de amnistía, que firmó ayer la presidenta Dina Boluarte se garantiza la impunidad para militares, policías y ronderos que perpetraron graves hechos de violencia, como homicidios, violación sexual , tortura contra civiles, entre los años 1980 y 2000. 

La norma beneficia en general a quienes se encuentren denunciados y procesados; y a quienes tengan 70 años de edad o más que tengan sentencia firme, en ejecución. Es decir hallados culpables, como es el caso de Santiago Martín Rivas, que dirigió el Grupo Colina. 

“Hoy el Perú rinde justicia y honra a aquellos hombres y mujeres que, con valor y entrega, enfrentaron a una de las más terribles amenazas de nuestra historia: el terrorismo”, dijo Boluarte Zegarra, tras firmar la autógrafa de la ley.  Sin embargo, la ley terminará beneficiando a miembros del Grupo Colinaque cometió los atroces crímenes de La Cantuta, Accomarca, Barrios Altos, entre otros.

Boluarte dijo que rechaza “con firmeza cualquier intromisión interna o externa” en alusión al pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que había recomendado al Estado peruano no promulgar dicha ley por contravenir la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José.

Tras la firma, Boluarte saludó a los asistentes a la ceremonia, entre ellos uno de los miembros del Grupo Colina, Juan Rivera Lazo, quien fue condenado a 25 años de cárcel por el caso Barrios Altos, donde mataron a 15 personas, entre estas un niño de 8 años. Rivera Lazo quedó libre el año pasado cuando el Tribunal Constitucional realizó una revisión del cómputo de la pena de cárcel que cumplía desde el 2001. Al considerar que había cumplido su sentencia quedó en libertad.