Desde el 14 de noviembre de 2024 el Centro de Emergencia Mujer (CEM) espera que un fiscal superior de La Libertad se pronuncie respecto de la queja interpuesta contra el archivamiento de una denuncia por violación sexual, supuestamente perpetrada por un docente de la Escuela de Educación Superior Pública David Sánchez Infante en perjuicio de una alumna de esa casa de estudios, quien al momento de los hechos que denuncia tenía 17 años. 

Los hechos denunciados habrían ocurrido el 6 de diciembre de 2023. El archivamiento adolecería de fundamento; y de acuerdo a la queja, se espera que el caso sea devuelto a la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo para que se realicen las diligencias necesarias en el marco de una investigación.

LOS HECHOS DENUNCIADOS

Según los hechos denunciados dentro del caso fiscal 834-2024, en diciembre de 2023, la estudiante denunciante contactó al docente de la Escuela David Sánchez Infante, Ronal Bardales Mendoza, para contarle que no asistiría más a clases debido a que no quería cruzarse con un docente al que señaló como presunto autor del delito de violación sexual en su contra.

La estudiante, quien en ese momento tenía 17 años, contó al profesor Bardales que el 6 de diciembre de 2023, fue a entregar un trabajo grupal al cuarto del docente denunciado, en San Pedro de Lloc y que al hacerlo, este la invitó a pasar, cerró su puerta con seguro, le invitó una bebida que aparentemente la sedó, y abusó sexualmente de ella.

La estudiante narra que aún aturdida por el hecho, salió “temerosa y colapsada emocionalmente a tomar su movilidad a su vivienda” y que no denunció inmediatamente por temor y para evitar problemas en su entorno familiar.

PADRE ESPERA JUSTICIA

La agraviada, quien reside en una zona rural de la provincia de Pacasmayo, proviene de una familia humilde; su padre, en diálogo con Últimas Noticias, dijo que se sienten duramente golpeados al conocer que la fiscalía archivó el caso. Indicó que en el Centro de Emergencia Mujer se le explicó que el archivamiento no está justificado y que el caso no podía darse como cerrado, sino que debía cumplirse con la investigación, y el recojo de pruebas.

El padre de la menor agregó que esperan hallar justicia. Su hija quiere continuar estudiando y convertirse en una profesional; pero está limitada de hacerlo por el temor a encontrarse con el denunciado en las aulas de la escuela que forma docentes.

El 27 de febrero 2024, el entonces director Osterling Loyola, trasladó el caso a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. Con Oficio N° 086-2024-EESPP”DSI”-SPLL-DG, el director se dirigió al gerente regional de Educación, Julio Martín Camacho Paz y le “pone a disposición al profesor (...) por presunta violación”.

GRAVE AFECTACIÓN EMOCIONAL

El hecho que habría ocurrido el 6 de diciembre de 2023, fue conocido de manera verbal al día siguiente, por el docente Ronal Bardales Mendoza luego de que la alumna se lo comunicara. El caso fue comunicado formalmente al entonces director de la EESP, Segundo Orterling Loyola, el 27 de febrero de 2024. La demora se originó porque la estudiante quedó muy afectada emocionalmente. Y pese a las recomendaciones del profesor Bardales Mendoza, para que denuncie el caso, el temor y la falta de orientación legal sumieron a la joven en el desamparo. Finalmente, el 26 de febrero 2024, la estudiante se presentó ante las autoridades de la Escuela Sánchez Infante, y suscribió una declaración jurada formulando su denuncia en el plano administrativo.

El 27 de febrero 2024, con expediente 506-2024, el director de la Escuela Sánchez Infante, recibió el informe. Ese mismo día, el entonces director Osterling Loyola trasladó el caso a la Gerencia Regional de Educación de La Libertad. Con Oficio N° 086-2024-EESPP”DSI”-SPLL-DG, el director Osterling Loyola se dirigió al gerente regional de Educación, Julio Martín Camacho Paz y le “pone a disposición al profesor (...) por presunta violación”.

Seguidamente el 29 de febrero, el mismo director Osterling Loyola envía a la fiscalía un oficio conteniendo el expediente 506-2024 de la denuncia de la estudiante ante las autoridades de la Escuela, “para su conocimiento y fines pertinentes”.

DECLARACIÓN JURADA Y ARCHIVO

El caso estuvo a cargo del fiscal Germán Risco Baquedano, quien el 21 de octubre de 2024, dispuso no formalizar, ni continuar investigación preparatoria, declarando el archivamiento. Consideró que no había elementos suficientes para incriminar al docente. Existía la testimonial de la estudiante afirmando los hechos, pero el fiscal citó también una “declaración jurada” de la estudiante de fecha 15 de mayo, en la que se retracta de su versión.

En diálogo autorizado por el padre, con la misma estudiante, Últimas Noticias le preguntó qué la motivó a firmar ese escrito en el que negaba los hechos. La estudiante, visiblemente afectada por el interminable camino al que se le está sometiendo, en la vía administrativa y penal, dijo que en ese momento lo hizo para que “se termine todo esto”. Dijo que para entonces, mayo 2024, cinco meses después del hecho, el caso le seguía afectando psicológicamente y no veía salida. 

El fiscal sustentó el archivamiento, agotado el plazo de investigación preliminar. Señala que se requería contar con la entrevista en Cámara Gesell, pero que no la obtuvo cuando se dirigió al Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc, dentro del plazo de ley. El juzgado no programó fecha para la toma de dicha prueba anticipada.

En la resolución fiscal de archivamiento, se precisa que la denunciante tampoco pasó pericia psicológica forense.

Tras del archivamiento, el 14 de noviembre de 2024, el Centro de Emergencia Mujer elevó queja al fiscal superior, en Trujillo; pero pese a que es un caso prioritario, se encuentra aún sin resolución.

El fiscal a cargo del caso, respondió escuetamente a Últimas Noticias que espera la decisión de su superior para ejecutar sus instrucciones.

DIEZ MESES CONGELADO

Por otro lado, en el campo administrativo la demora y falta de atención a tan grave hecho, también durmió sospechosamente. Desde febrero de 2024, en que el docente fue puesto a disposición de la Gerencia Regional de Educación de la Libertad (GRELL), no se trasladó el expediente a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Escuela Sánchez Infante. Esto ocurrió recién a fines de diciembre, 10 meses después.

El 30 de diciembre de 2024, a las 6.43 p.m. mediante correo electrónico procedente de [email protected], dirigido al presidente de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Escuela DSI, se envió el mensaje “se remite documentos de la CPAD (...), para su tratamiento”. Así cerró el 2024.

COMISIÓN SE ACTIVA

El 27 de enero de 2025, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la EESP DSI, integrada por los docentes Walter Francisco Cueva Sifuentes, Wilmer Chachaima Vásquez y Pablo Manuel Gutiérrez Aranda, se reunió con la estudiante que presentó la denuncia y sus padres. La conclusión fue que la estudiante se ratificaba bajo juramento en su denuncia. Ante la comisión reiteró que cometió un error al haber firmado un escrito desdiciéndose de los hechos. Aseguró que lo hizo abrumada por el estado emocional en el que se encuentra.

El CEM enfatiza que el Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba y en este caso, el fiscal del caso ha obviado la realización de diligencias, generando una vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional.

CEM CUESTIONA ARCHIVAMIENTO

El CEM cuestiona que el representante del Ministerio Público no haya realizado diligencias como la constatación en el domicilio del presunto agresor, ni ofrecido apoyo de la Unidad de Víctima de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. Tampoco reiteró al Juzgado de Investigación Preparatoria la programación de la realización de entrevista en cámara Gesell, ni la realización del perfil sicológico del denunciado. Además, se omitió requerir a la autoridad educativa, información de las acciones administrativas adoptadas.

Respecto de la retractación de la denunciante, mediante una supuesta declaración jurada,  el CEM sostiene que no posee valor probatorio para el juicio oral, pues la motivación debía ser explicada ante un tribunal o autoridad legitimada que forme juicio sobre dicho elemento y su origen.

El CEM enfatiza que el Ministerio Público es titular del ejercicio de la acción penal en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba y en este caso, el fiscal del caso ha obviado la realización de diligencias, generando una vulneración del derecho a la tutela jurisdiccional.

NO MÁS DEMORA EN RESOLVER CASO

En el ámbito administrativo corresponde a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios de la Escuela  Sánchez Infante, así como a sus autoridades internas indagar, evaluar y determinar las responsabilidades que hubiere.

Es pertinente remarcar que en diálogo con Últimas Noticias, la alumna ha reafirmado haber sido víctima de una violación sexual. Manifestó que aunque quiere seguir sus estudios, no puede hacerlo para no tener que encontrarse con el profesor al que señala como presunto violador.

SIN REPUESTA

Últimas Noticias visitó la Escuela David Sánchez Infante para conocer las acciones que está desarrollando la institución, a fin de garantizar una investigación diligente, teniendo en cuenta que han transcurrido 13 meses desde que el caso se encuentra en el ámbito administrativo. 

La directora de la Escuela Sánchez Infante, Yovana Ordiales Vera, dijo que no ofrecerá declaraciones.