La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo desestimó la denuncia del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza) contra el actual consejo directivo de la Junta de Usuarios Jequetepeque, encabezado por Nancy Palacios Linares.

La disposición fiscal de no formalizar investigación preparatoria y archivo del caso, fue emitida el 14 de febrero, y lleva la firma del fiscal Ítalo Ruben Sigüeñas Cáceres. La fiscal a cargo es  Taly Chayguaque Ventura.

De acuerdo a la disposición fiscal cinco, el caso se remonta al año 2022, cuando el entonces director ejecutivo del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (PEJEZA), Jesús Manuel Basilio Hualparuca, denunció al consejo directivo de la Junta de Usuarios Jequetepeque bajo los cargos de apropiación ilícita, usurpación de funciones y resistencia y desobediencia a la autoridad.

El caso

En la denuncia, se recuerda que el 7 de octubre de 2015, el Pejeza suscribió con la JUJ un convenio de operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica mayor de riego y drenaje del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña. Dicho convenio, agrega, tenía un plazo de 5 años y durante su ejecución la JUJ tenía la obligación de depositar el pago de la tarifa por uso de la infraestructura mayo, informar los ingresos de la cobranza y los gastos en operación y mantenimiento.

Según señaló el Pejeza, la JUJ incumplió por lo que se le cursó cartas notariales solicitando el cumplimiento de sus obligaciones sin resultado.

El convenio venció en agosto de 2020 y desde entonces, de manera ilegal, la JUJ con su consejo directivo presidido por Nancy Palacios, continuó operando la infraestructura mayor, según ha remarcado el Pejeza.

Según cartas notariales del 5 y 19 de abril de 2022, Pejeza solicitó la devolución de la infraestructura, pero la junta se negó a hacerlo sin contar además con título habilitante. Este título lo tiene Pejeza por Resolución Jefatural 094-2022 del 29 de marzo 2022.

En juego millones de soles de tarifa de agua

Una nueva carta notarial envia el PEJEZA el 21 de marzo del 2023 recordando que no existe instrumento contractual  que faculte a la JUJ a retener los recursos públicos provenientes de la Tarifa de Utilización de la Infraestructura Hidráulica Mayor (TUIHMA), estimados en más de S/ 10 millones,  ni utilizarlo sin autorización de la Autoridad Nacional del Agua.

El 8 de febrero de 2023, Pejeza requiere a la JUJ que transfiera los montos retenidos ilegalmente del TUIHMA, pero esto tampoco ocurrió.

En este contexto, el 22 de mayo de 2024, el PEJEZA comunicó a la fiscalía, que la JUJ continúa incurriendo  en los presuntos hechos delictivos.

Y qué dice el Ministerio Público

Para el Ministerio Público, el consejo directivo que preside Nancy Palacios Linares, no puede ser denunciada porque inició funciones en noviembre de 2021, porque los bienes recibidos por la institución fue en años anteriores.

Respecto de la operación y mantenimiento ilegal denunciado porque no hay convenio vigente, el fiscal del caso, señala que con resolución 407-2020-ANA-AAA-V-JZ/ALAJ del 30 de diciembre de 2020, se autorizó a las juntas de usuarios a realizar las tarifas y depositar los montos a las cuentas del Pejeza. También cita el Informe Legal 333-2022-ANA-OAJ del 20 de abril de 2022 que señala la posibilidad que Pejeza celebre convenios para la operación de la infraestructura mayor. A la inexistencia de convenio el fiscal señala que “no es ilegal o indebido que se pueda autorizar que la junta de usuarios pueda operar infraestructura mayor”.

Añade que no hay apropiación ilícita del dinero de la TUIHMA porque existe “una discrepancia sobre los montos depositados… conforme a los oficios remitidos por la junta de usuarios a Pejeza, en forma mensual ha ido reportando las valorizaciones por los servicios de TUIHMA, empero Pejeza no ha dado su conformidad a dichas valorizaciones. Ello habría generado que se realice una verificación y determinación de una deuda de S/ 10´474,707,72… estas acciones de remisión mensual de valorizaciones permiten descartar el dolo de apropiación”, afirma el fiscal.

Que es una deuda

Más adelante el representante del Ministerio Público señala que “la denunciada Palacios Linares no niega la existencia de la deuda a favor de Pejeza; sin embargo señala que la misma se ésta ventilando a nivel de conciliación”.

Sobre la apropiación de la infraestructura hidráulica mayor, pese a que se le notificó que entregue de manera formal, el fiscal señala que deviene en improcedente para configurar el supuesto típico de apropiación ilícita.

Sobre el extremo de la presunta usurpación de funciones, la fiscalía consideró que aunque Pejeza cuenta con el título habilitante, y la JUJ lo hace sin tenerlo, “esta operación de facto no necesariamente es delictiva, sino que respondería a una finalidad de colaborar con los más de 16 mil usuarios del sistema de riego…”.

El Ministerio Público afirma que “la junta de usuarios -que tendría la logística necesaria - podría suscribir un convenio para continuar operando dicha infraestructura mayor”.

Finalmente sobre la presunta desobediencia a la autoridad, el Ministerio Público considera que “no existe una orden que haya sido desobedecida o resistida por el consejo directivo de la JUSHMJCA… sino como un incumplimiento contractual; en consecuencia el hecho no puede tener naturaleza delictiva”.