Pese a que los argumentos del Ministerio Público fueron los mismos para pedir internamiento preventivo contra tres investigados por el delito de extorsión agravada, de los cuales dos son adultos y uno, menor de 15 años, el juez supernumerario de Investigación Preparatoria, Hilmer Barboza Hernández, decidió dar libertad con restricciones a los adultos; mientras que la jueza Victoria Ramírez Pezo dispuso el internamiento preventivo del menor en el Centro de Rehabilitación La Floresta de Trujillo.

Este dispar criterio, sobre todo el que favorece a los adultos imputados por el delito de extorsión agravada ha causado natural malestar en los agraviados, que llegaron a conocer la decisión del juez supernumerario de Investigación Preparatoria, Barboza Hernández. La situación también fue observada por la fiscal del caso Taly Chayguaque Ventura, en la misma audiencia celebrada el viernes 3 de enero.

Los hechos

Según el pedido de prisión preventiva, planteado por la fiscal Taly Chayguaque Ventura, el delito de extorsión por el que se procesa a los denunciados, se materializó en la localidad de Ciudad de Dios el 26 de diciembre de 2024.

Ese día, la víctima, un agricultor residente en Ciudad de Dios, llegaba a su casa en horas de la noche, cuando desde lejos vio que dos sujetos en una moto lineal huían del frontis de su vivienda en las que se estaba produciendo una explosión.

Al acercarse a su casa halló un escrito extorsivo  con la amenaza “comunícate con este número porque la próxima una bala atravesará la cabeza de cualquiera de tu familia dame solución 20 mil soles cuesta tu tranquilidad y seguridad de tu familia igual llama 993 967 088”.

Mientras la víctima se dirigía a la Comisaría de Ciudad de Dios, los agentes policiales de dicha dependencia habían escuchado una detonación y salieron en búsqueda de los responsables. 

Con ayuda de la población ubicaron a los tres presuntos implicados, Marco Antonio Romero Gil (22), Josué David Zelada Torres (18), y el menor C.D.V.C. (15) en una esquina de la plaza principal del sector Martha Chávez.

Al intervenirlos, la policía les halló en una bolsa plástica, una dinamita, así como marihuana. 

El menor de edad, espontáneamente, dijo que habían regresado de arrojar un explosivo en la vivienda del denunciante.

La moto que habrían utilizado, color blanco con rojo de placa 6335 UM, también fue hallada y se comprobó que registraba requisitoria por robo agravado. 

El menor habría confesado que fue quien condujo la moto en el atentado. El número telefónico consignado en el escrito extorsivo era utilizado por el menor. La detención de los tres se produjo en flagrancia delictiva.

Evidencias en celulares

Entre las conversaciones halladas en uno de los celulares de los investigados se halló que hacían referencia a “colocar una vela (explosivo) a un local de una agencia de transporte público para ciudad de Trujillo”.

Dentro de dicha investigación, la policía y fiscalía hallaron comunicaciones de varios actos extorsivos, incluso se registran depósitos, “presumiendo que se trataría por el pago de actos extorsivos”. 

También se halló videos con los que los implicados efectúan disparos de armas de fuego y uno de fecha 18 de diciembre en el que amenazan a una persona de nombre “Germán”.

La fiscal del caso, con las actas de intervención policial, denuncia verbal, actas de entrega y recepción de todos los elementos materiales hallados y otros 14 documentos que daban soporte a la investigación, solicitó ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de San Pedro de Lloc la aplicación del artículo 268 del Código Procesal Penal, mandato de prisión preventiva por 9 meses.

De acuerdo al pedido fiscal, la pena prevista con agravantes y atenuantes, se proyecta en 9 años y 2 meses para Romero Gil y 7 años con 6 meses para Zelada Torres.

En el caso del menor C.D.V.C. (15), la fiscal se dirigió con los mismos alegatos ante el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc solicitando medida de internamiento por falta contra el patrimonio.

Juez penal los dejó en libertad con restricciones

En la audiencia para resolver el pedido de prisión preventiva contra los dos adultos involucrados en el caso, el juez supernumerario Hilmer Barboza Hernández consideró que “no existe fundados y graves elementos de convicción que vinculen a los imputados, Marco Antonio Romero Gil y Josué David Zelada Torres, como presuntos autores del delito de tentativa de extorsión en agravio de (---) atendiendo a los argumentos esbozados por esta judicatura por cuanto se ha analizado enfáticamente la imputación precisada por la fiscalía, sin embargo esta imputación tiene que ser corroborada con elementos de convicción no a nivel de sospecha simple tampoco, a nivel de sospecha reveladora, tampoco a nivel de sospecha suficiente, sino a nivel de sospecha grave, fuerte o vehemente…”.

Agrega que “la proporcionalidad y la duración de la medida, al no existir los presupuestos materiales de la prisión preventiva, esta medida no sería proporcional. No sería necesaria, no sería idónea y proporcional en sentido estricto y tampoco el plazo sería amparado por la fiscalía (9 meses) por tal razón, debo señalar de que al existir otra medida de coerción menos gravosa que la prisión preventiva, como es la comparecencia con restricciones esta judicatura para sujetar a los imputados en el proceso, y la fiscalía logre Investigar de manera fehaciente es considerable imponer a estos ciudadanos una comparecencia con restricciones con una caución económica”. La caución fijada por el juez fue de 2 mil soles.

En la audiencia, luego de que el juez rechazara su pedido de prisión preventiva, la fiscal Chayguaque Ventura cuestionó la decisión. Sostuvo: “como defensora de la legalidad, representante del Ministerio Público, su resolución emitida en este acto vulnera el principio de predictibilidad judicial que deben advertir los órganos jurisdiccionales; habiendo la juez titular Victoria Ramírez Pezo, con los mismos argumentos y graves elementos de convicción que el Ministerio Público ha traído su despacho, emitido resolución ordenando la internación preventiva del menor (---). Asimismo, su despacho está imponiendo comparecencia con restricciones, vulnerando lo previsto en el artículo 279”.

Jueza civil dispone internamiento de menor

Efectivamente, lo señalado por la fiscal Chayguaque Ventura ocurrió en el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc. 

La jueza Victoria Ramírez Pezo, con los mismos argumentos y elementos de convicción presentados contra el menor implicado en el caso, a pedido de la fiscal, ordenó su internamiento.

El 2 de enero, la jueza Ramírez Pezo resolvió y dispuso con Oficio 02-2025-JECSPLL-EXP. 01-2025-FP-IGV, que el Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) de Pacasmayo, “TRASLADE al indicado investigado al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo por haberse emitido medida de internamiento, debiendo informar el mandato ordenado, bajo responsabilidad funcional. Se adjunta Resolución Uno y Oficio N° 01-2025 dirigido al Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación Trujillo”.

Este caso, en el que el Ministerio Público ha identificado explícitas actividades extorsivas en los chats de los teléfonos de los involucrados, causa natural preocupación, considerando que es uno de los principales y más extendidos delitos que afectan gravemente a la población.