El caos por la inseguridad ciudadana reinante en la región La Libertad tiene en Chepén a uno de sus puntos neurálgico, sin embargo las autoridades regionales prácticamente han olvidado al valle Jequetepeque, que sigue sumido en una ola criminal ascendente.

La noche del lunes, un nuevo atentado perpetrado por miembros de organizaciones criminales de extorsionadores, atacaron una vivienda en la cuadra 1 del jirón Ayacucho de Chepén.

El predio atacado con explosivos, es el lugar de residencia de la familia del subgerente de Estudios Proyectos y Obras Públicas, Ing. Robert Martín Hernández Polo.

Sobre el caso, el jefe del Departamento de Investigación Criminal de Chepén, Cmdte. PNP Elías Cobeñas Mora, precisó que se denunció la detonación de un artefacto explosivo; pero ni los efectivos de la comisaría de Chepén, ni el personal del Depincri hallaron restos de explosivos.

Confirmó que el funcionario es extorsionado y que su caso está en proceso de investigación.

El personal del Depincri analizaba las evidencias videográficas del lugar a fin de avanzar en las investigaciones.

Confirmó que hasta esta semana se han recibido 12 denuncias por extorsión en lo que va del año, una cifra reveladora del incremento de estos delitos.

Pese a que el número es considerable, el oficial pidió a la población continuar denunciando, aunque es una realidad que los resultados no satisfacen a la población, o no alcanzan el éxito que refleje una reducción de la actividad criminal.

Sin precisar cifras ni nombres, el oficial dijo que se han identificado a los involucrados en algunos casos de extorsión e incluso se ha enviado al penal El Milagro a otros.

Señaló que los extorsionadores tienen un conocimiento cercano de las actividades de sus víctimas. Entre las víctimas del delito de extorsión se hallan comerciantes, empresarios y funcionarios públicos.

Respecto de la presunta extorsión sobre el alcalde Julio Correa Chávez, el oficial indicó que no hay denuncia de su parte. Sin embargo, dijo que se están realizando investigaciones conjuntamente con el Ministerio Público.

Aseguró que realizan operativos, interviniendo a personas con PBC, requisitoriados, y sujetos al margen de la ley.

A la cuestionable respuesta de las autoridades regionales, municipales, y policiales ante la inseguridad que se vive, debe tenerse en cuenta que los cuerpos de seguridad tienen motos lineales malogradas; el Depincri una unidad fuera de servicio y similares necesidades atraviesan las comisarías. La población espera estrategias conjuntas que involucren a las juntas vecinales, a las rondas campesinas y con un rol activo del serenazgo municipal.