San Pedro de Lloc  |  

Construcciones de Más de un Año Fueron Demolidas por Presuntos Funcionarios del Pejeza y Minagri

14 Violento Desalojo En La Cebruna A Cargo De Minagri Y Pejeza

En una intervención calificada de casi delincuencial, un presunto procurador del Ministerio de Agricultura y supuestos abogados del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza) irrumpieron la mañana de ayer en el sector de La Cebruna, altura del km 688 de la Carretera Panamericana, con maquinaria y resguardo policial para derribar una ocupación instalada desde el 25 y 26 de agosto del año 2018.

Los terrenos son -como advertimos desde Últimas Noticias, en su momento- propiedad del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, según documentación registral. Pero resulta sorprendente la acción tomada debido a que ningún poblador fue informado de la medida, ni se pudo conocer quiénes eran los que actuaban en supuesta representación del Estado.

No había presencia fiscal, ni se presentó una orden judicial ni extrajudicial, y lo más desconcertante es que los supuestos representantes del Pejeza y Minagri estuvieron acompañados de un “contingente” de personas armadas con machetes, palos y combas que amedrentaban a los posesionarios pero se protegían tras el cordón policial.

Los posesionarios reclamaron en todo momento que se les explique bajo qué medida se les estaba derribando sus construcciones, que datan de casi un año y medio.

La documentación que los supuestos funcionarios estatales mostraron dejaron aún más dudas de la legalidad de la violenta medida.

Debe tenerse en cuenta que no se discute la propiedad de las aproximadamente 5 hectáreas, donde se han posesionado unos 250 posesionarios; sino el procedimiento que no fue ni expuesto a los ocupantes precarios, ni a los medios de comunicación que llegaron para conocer los alcances de una medida que tuvo visos de abuso de autoridad. Más aún cuando el mismo Estado dio esperanza a los posesionarios de quedarse en el lugar.

DOCUMENTOS A LA VISTA

El grupo de presuntos funcionarios públicos, acompañados del contingente armado con machetes y combas, no dio nunca la cara. Se quedaron siempre detrás del cordón policial. En cambio los posesionarios no tuvieron temor de presentarse y exponer sus razones. Con documentos en mano trataban de explicar su posición, pese a que se reconocen como posesionarios, que buscan regularizar su situación, adquiriendo los terrenos.

Más allá del derecho que obtuvieron al haber estado posesionados e instalados por más de 15 días, después del 25 de agosto del 2018, los ciudadanos justificaron esa ocupación en una necesidad de vivienda. Además revelaron que enviaron una comunicación al Proyecto Especial Jequetepeque Zaña (Pejeza), conscientes de que la propiedad que ocupaban era del Estado, específicamente del Pejeza.

A esa misiva, el Pejeza respondió el 2 de octubre del 2018, dirigiéndose a la asociación civil de vivienda Caminos del Inca – Pampas La Cebruna no negando la concesión sino por el contrario orientando a los posesionarios que pedían se les conceda “regularización” de las ubicaciones que ocuparon.

Dice la carta 119-2018-MINAGRI-PEJEZA-DE, del Pejeza que suscribe el entonces director ejecutivo, Luis F. Aguilar Bustillos, que “es necesario indicar que el área requerida se encuentra dentro del ámbito del Proyecto Especial Jequetepeque Zaña, sin embargo, se recomienda realizar la solicitud de venta del área ocupada (2.4424 Ha) a Cofopri, quien solicitará al Pejeza la Transferencia interestatal de acuerdo a Ley”.

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Los ciudadanos no se quedaron con esa respuesta. Cursaron nueva documentación a las instancias señaladas. Sin embargo luego de idas y retornos de cartas perfeccionando el trámite, nuevamente el Pejeza emitió comunicación dirigida a los posesionarios. Se trata de la carta 078-2019-MINAGRI-PEJEZA-DE del 15 de abril 2019.

En esta nueva comunicación, el Pejeza precisa que “se recomienda canalizar su petición de transferencia a través de la municipalidad distrital y/o provincial conformantes del sistema nacional de bienes estatales y de acuerdo a sus facultades cumplan con la directiva N° 05-2013-SBN y soliciten la transferencia interestatal cumpliendo con los requisitos estipulados en el numeral 7 de esta directiva”. Suscribía la carta, un nuevo director ejecutivo, el ingeniero César Sialer Díaz.

Las orientaciones del Estado para los posesionarios estaban claras y los procesos que ya llevaban casi un año se perfilaban a favor de los ocupantes.

Con estos antecedentes los posesionarios recurrieron a la Municipalidad Provincial de Pacasmayo - San Pedro de Lloc para que esta solicite la transferencia interestatal y se formalicen las ocupaciones. El pedido fue recibido y esta entidad del Estado Peruano emite comunicación dirigida a los posesionarios.

El 5 de octubre del 2019, la MPP emite el Oficio 159-2019/GDUR dirigido al señor José Wilmer Guevara Medina, respondiendo al pedido de transferencia interestatal ingresado con expediente 9768-2019 del 9 de setiembre 2019.

En esta comunicación, la MPP orienta al representante de los posesionarios que el pedido de solicitud de transferencia es atendible. Para realizar el procedimiento, la MPP solicita al requiriente información técnica como los Planos de Ubicación 1/500 y localización 1/5000 debidamente georeferenciados en el sistema cartográfico PSAD o WGS 84. También se les pide plano topográfico y perimétrico, plano de manzaneo y lotización, así como memoria descriptiva.

Con esta información la entidad municipal evaluaría los datos técnicos y procedería a la solicitud de donación dirigida al Pejeza. Suscribe el oficio la gerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la MPP, Karin Judith Valderrama Bendezú.

COMO DELINCUENTES

Estos antecedentes han dejado a los posesionarios desconcertados, pues la medida accionada ayer, con violencia, y apoyada por la fuerza pública no se podía entender.

No era exageración cuando ayer se señalaba que a los funcionarios del Minagri y del Pejeza solo les faltaba colocarse pasamontañas, pues en ningún momento hicieron lo elemental como mostrar la orden que amparaba la domolición de las viviendas habitadas y de las construcciones sin terminar.

José Wilmer Guevara Medina, representante de los posesionarios, reclamó que los intervinientes no se hayan identificado, que no hayan llegado con acompañamiento fiscal, judicial y sobre todo que nunca se les notificó de la acción. Dijo que en un momento en el que tuvo oportunidad de cruzar palabras con el que dijo ser el procurador del Minagri, este lo acusó de haber montado un tráfico de lotes, pero en ningún momento se identificó.

Cuestionó que los supuestos funcionarios del Estado lleguen con gente con machetes y armas contundentes a la que señalaron como personas vinculadas a un molinero que pretende apoderarse de la zona que ellos tenían ocupada.

Los posesionarios, reunidos en torno a su representante señalaron que permanecerán en el lugar, que no pretenden mantenerse infringiendo la ley por eso es que desde el inicio cursaron comunicaciones a Pejeza y la municipalidad.

Los posesionarios consideran que la medida obedece a intereses ocultos que no apuntan a devolver un bien que pertenece al Estado, pues es sabido que una infinidad de predios de grandes extensiones de propiedad del Pejeza han sido invadidos por individuos poderosos a los que nunca se les inició acciones legales y menos desalojos; y que han logrado prescribir las extensas áreas con una silenciosa complicidad de los mismos entes del Estado.

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