Luego de algunos meses de interpuesta, una denuncia anónima presentada ante el Ministerio Público ha empezado a concitar atención, debido al proceso de investigación que se sigue a la directora de la Ugel Pacasmayo, Zulma Pérez Roncal y tres de sus funcionarios, “por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible y omisión de actos funcionales y otros que aparezcan en la investigación”.

Se abren paso algunos detalles del caso que fue denunciado en Fiscalía anticorrupción de funcionarios, el 27 de setiembre del 2017. Informes periodísticos de dos medios de prensa de Trujillo ampliaron esta semana.

Sol TV Perú recuerda que su autor la ingresó “En condición de anónimo…”,refiriendo que los trabajos de mantenimiento de los locales escolares en el 2017, fueron direccionados y sobrevaluados para, supuestamente, favorecer a dos proveedores que resultarían familiares de la ex jefa de Abastecimiento de la Ugel Pacasmayo, Carla Amaya Rodríguez.

Para respaldar el informe periodístico, se entrevistó a Omar Zavaleta, consejero por Otuzco, miembro de la Comisión de Educación del Consejo Regional La Libertad, quien declaró “(…) Ellos (los investigados)  hicieron estas actividades y en algunos casos lo han sobrevaluado. Esa es la constante de casi todas las Ugeles. Es el caso de la Ugel Otuzco que ya está en Contraloría, el caso de Pacasmayo está denunciado. Chepén es igual, encontraron irregularidades, está denunciado, Virú igual”, sostuvo.

Zavaleta integró una comisión que ha investigado los hechos. Explicó: “Hemos verificado porque eran dos empresas que han hecho prácticamente todo el mantenimiento, todo el mantenimiento de Pacasmayo que más o menos representa casi 900 mil soles, y es las mismas empresas que se han movido en los mantenimientos de todas las instituciones que tiene Pacasmayo y han indicado directamente a la responsable de Abastecimiento y la responsable era una recomendada de una amiga o un amigo en este caso, de la directora de la Ugel. O sea todo ha estado un poco orquestado por allí”.

Carla Amaya fue separada en julio del 2017. Había sido designada por la directora Zulma Pérez pese a que estaría investigada en otro proceso y ocupando la plaza que otro docente ganó vía concurso, según el informe de prensa.

El denunciante que recurrió a la fiscalía menciona a efectos de ser investigados, a los funcionarios Martín Calderón Cueva, jefe de Administración; Kenia Huaccha Alvitez además de las ya indicados. Y, a los proveedores Miguel Amaro Amaya Dávalos y Miguel Angel Amaya Felipe.

A todos los denunciados los ampara el derecho a la presunción de inocencia.

En el informe se mostró una relación de 5 trabajos asignados a Amaya Dávalos Miguel Amaro, 3 de ellos con fecha 8 de abril 2017, uno del 14 y otro del 17 del mismo mes. Los contratos sumaron S/ 129,821.

En cuanto a Miguel Angel Amaya Felipe, hay una relación de 4 trabajos, dos de ellos con fecha 10 abril 2017; uno, del 9 de julio del mismo año; y, otro sin fecha de Orden de Servicio ni número de Siaf. Lo contratado en este caso fue de S/ 97,904.

Entre ambos proveedores la suma es de S/ 227,725. Sin embargo, el consejero Zavaleta habla de alrededor de 900 mil soles. Esa cifra en realidad correspondería al total asignado a las II.EE de la provincia de Pacasmayo, bajo el rubro de mantenimiento y reparación. 

Zavaleta, además, ha dicho que algunos de los trabajos programados no se realizaron y se cambiaron por otros, y en estos se habría dado la sobrevaluación. Otros no se habrían ejecutado pero igual se pagaron.

Las irregularidades se habrían dado desde la etapa de la contratación directa escogiendo y/o avalando hacerlo con los supuestos familiares de la entonces jefa de Abastecimiento.

La Fiscalía tendría investigación abierta por presunto delito de colusión agravada. Un primer plazo de 90 días venció y se ha solicitado al juez correspondiente ampliación por 30 días más. No se ha podido precisar si está vigente o se venció. De no haber sustento que avalen las denuncias, la Fiscalía puede declarar no haber lugar a formalizar y continuar investigación preparatoria disponiendo el archivamiento. Caso contrario se pasa al periodo de control de acusación antes de pasar al órgano que realizará el juicio oral, si se declarase procedente.

CONFIRMA INVESTIGACIÓN

El proceso de investigación fiscal está confirmado. Correo informó que el gerente regional de Educación, Rafael Moya Rondo, declaró: “Nosotros también estamos procesando la información de la Ugel-Pacasmayo. Es un proceso que recién se ha iniciado y tengan toda la seguridad de que acá no se blinda a nadie. Estamos respetando los debidos procesos y vamos a ir informando sobre estos avances”.