Chepén  |  

Jueza Dictó Comparecencia Con Restricciones Contra Fiscal Suspendido

Declaró infundado pedido de prisión preventiva formulado por el Ministerio Público

Renato Piero Vicuña Honores 2017



En libertad pero con condiciones establecidas en mandato de comparecencia con restricciones,  enfrentará proceso el suspendido fiscal provincial titular de Chepén, Renato Piero Vicuña Honores. Se le imputa la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de Cohecho pasivo específico (consumado) en agravio de Guillermo de Lucio Soledad y el Estado.

La magistrada Ofelia Namoc de Aguilar, miembro de la Segunda Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad, intervino para pronunciarse en el Exp. 103-2018-33-1601-SP-PE-02. Actuó en calidad de Jueza Superior de Investigación Preparatoria Superior Titular. 

Su decisión fue declarando infundado el requerimiento de prisión preventiva formulado por la fiscal Silvia Lucía Chang Chang, de la Segunda Fiscalía Superior de La Libertad.

La fiscal solicitó 9 meses de prisión preventiva sustentando sus elementos de convicción para que se dictase dicha medida.

La jueza estimó que no se daban plenamente los presupuestos que justificasen la medida gravosa resolviendo por aplicar comparecencia con restricciones. Fijó como reglas de conducta a cumplir por parte del procesado: No variar de domicilio sin previo aviso al MP y al órgano jurisdiccional; concurrir a éste cada 30 días para realizar el control biométrico y dar cuenta de sus actividades; no acercarse por ningún motivo ni entablar comunicación con el denunciante Guillermo de Lucio Soledad.

También se obliga a Vicuña Honores al pago de una caución de tres mil soles lo que deberá cumplir en el plazo de 10 días hábiles a partir de ser notificado con la resolución número 4 de la audiencia celebrada el 28 de marzo. En caso de incumplimiento de alguna de esas condiciones se le revocará la comparecencia a solicitud del Ministerio Público.

En la audiencia actuó como defensor de Vicuña Honores, el abogado Roberto Catalino Arteaga Robles quien pidió se declare infundado el requerimiento y se dicte, en todo caso, comparecencia con restricciones y/o alternativamente una caución económica en forma de inscripción de un inmueble.

La defensa de Vicuña cuestionó fundamentos de la fiscal poniendo en duda la existencia de una investigación propia pues solo habría aportado elementos que corresponden al Órgano de Control del Ministerio Público y que habrían sido entregados por el denunciante cuando acudió a Trujillo para incriminar al fiscal cuestionado, por la supuesta solicitud de coima. Supuestamente, según la denuncia de Guillermo de Lucio Soledad,  Vicuña -en su desempeño fiscal- le solicitó el pago de 5 mil soles para liberarlo en un proceso que le seguía por delito de desobediencia a la autoridad, en un caso relacionado con una demanda por  violencia familiar que le formuló su expareja.

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TEORIA FISCAL

La teoría fiscal es que Vicuña Honores, en su condición de Fiscal Provincial Titular de la Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Chepén, llevaba la carpeta número 770-2017, proceso que se seguía contra Luis Guillermo de Lucio Soledad, por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, en agravio del Estado y otro. Ese caso deviene de un proceso de violencia familiar que seguía Carmen Rosa González Chávez contra  De Lucio Soledad, a quien se le prohibió acercarse a la demandante y abstenerse de acciones que constituyan actos de violencia. La disposición fue incumplida por De Lucio Soledad abriéndosele investigación por el delito desobediencia a la autoridad.

Los hechos se dieron a fines de junio 2017. Según la fiscalía, cuando De Lucio Soledad se dirigía hacia la Fiscalía de Chepén se encontró con el fiscal Vicuña Honores a quien le manifestó del proceso a su cargo y ya había sido notificado, a lo que el fiscal investigado le habría dicho “no te preocupes, los solucionamos, tráelo nada más a tu expareja y llegamos a un acuerdo”. 

Siempre según fiscalía, Luis Guillermo De Lucio Soledad le pregunta a qué tipo de acuerdo se refiere, respondiendo el investigado, “vienes nada más De Lucio, vienes y acá la solucionamos”.

Días después volvieron a reunirse y Vicuña le habría dado detalles de cómo se solucionaría el caso hasta archivarlo promoviendo el principio de oportunidad con su expareja a la cual debería pagar una reparación civil de 500 soles, otra suma igual al Estado y a él se le daría 5 mil soles. De Lucio habría alegado que no había desobediencia a la autoridad, pero siguió la negociación ya iniciada.

Habría sido aconsejado por un amigo para grabar las conversaciones y denunciarlo ante el Órgano de Control de Interno del Ministerio Público. Así lo hizo. El 10 de julio el denunciante acudió ante el OCI del MP, en Trujillo, entregando un CD conteniendo las grabaciones realizadas en su teléfono celular de las conversaciones. Se planificó un operativo, para intervenir en la recepcón del dinero, pero De Lucio no regresó para ejecutarlo.

LA DEFENSA

El defensor objetó la tesis fiscal alegando no se corroboraba con elementos de convicción suficientes que alimenten lo sustentado en la denuncia, no indica dónde, día ni hora de las supuestas reuniones con su patrocinado. En cuanto al CD conteniendo tres audios grabados en un teléfono celular no eran entendibles, no se pidió el teléfono celular para verificar las llamadas existentes. No había demostración de la reunión en un restaurante.

La transcripción de audios, se hizo el 28 de agosto del 2017 pese a que su defendido pidió reprogramación por causa justificada. Dijo que en el audio se habla de un monto de 500 soles pero es explicando sobre el procedimiento para llevar a cabo un principio de oportunidad y cuál es la manera de realizarse. A esa fecha, día 7 de agosto del 2017, el investigado ya había ordenado el principio de oportunidad y había señalado fecha para la realización de la audiencia, y no se había efectivizado ningún pago.

Cuestionó que recién se introdujese otros procesos contra su patrocinado cuando no están dentro del requerimiento de prisión preventiva, ni en la formalización de investigación. Admitió  existe otra investigación, pero se encuentra en etapa de control administrativo.

Acotó que Fiscalía no realizó actos de investigación netamente de investigación preparatoria ya que todos los elementos aportados han sido realizados por el OCI. Sostuvo que se trataba de un acto de venganza porque en el 2013 su patrocinado pidió prisión preventiva para De Lucio Soledad en un caso. Acusó al denunciante de ser esa su forma su actuar y eso podían atestiguar otros fiscales.

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JUEZA

La jueza Ofelia Namoc resalta en su resolución que la transcripción del audio se hizo sin presencia del investigado, no se le garantizó el derecho de defensa designándose a un defensor público, pues el acta únicamente está autorizada por el fiscal y el denunciante.

Determinó que la Fiscalía, en audiencia, señaló que el contenido del CD había sido extraído del archivo de la computadora del Ministerio Público, sin embargo ello no es cierto toda vez que en acta de la denuncia que presentara De Lucio Soledad, se consigna: “en este momento hago entrega del CD conteniendo las grabaciones realizadas con mi teléfono celular”. Es decir no estaban en la computadora de Fiscalía.

Analizó los presupuestos del peligro procesal y concluyó que hay arraigo laboral, familiar y domiciliario acreditados.

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Con respecto al peligro de fuga por tener el denunciado otras investigaciones abiertas, como una por lavado de activos, se encuentra en investigación preliminar, según documentos  que corren en la Carpeta Fiscal, y según la investigación por pertenecer a una investigación criminal, y como sostiene la defensa, es una investigación preliminar que aún no se ha dispuesto la formalización por parte de la Fiscalía de la Nación, persistiendo a favor del investigado la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Aludió a que en la carpeta fiscal existen documentos que acreditan que el investigado en su condición de Fiscal Provincial,  con fecha 29 de agosto del 2013, formalizó investigación preparatoria contra el denunciante Luis Guillermo de Lucio Soledad y otros, por el delito de Homicidio calificado en agravio de  Víctor Alberto Quiroz Alfaro, y por el delito Contra la tranquilidad pública  en la modalidad de Asociación ilícita para delinquir  en agravio de la sociedad, lo que ameritó que se  le privara de la libertad  hasta el 17 de marzo del 2016  en que fuera absuelto. Dedujo que tiene sustento la defensa del investigado quien sostiene que se trata de una venganza.

Esas y otras razones inclinaron su resolución a favor de comparecencia con restricciones por no cumplirse cabalmente todo lo necesario para la prisión preventiva.

           
Lo que dice el Código Penal sobre cohecho

El segundo párrafo del Artículo 395° del Código Penal en que se ampara la denuncia contra el suspendido fiscal Renato Piero Vicuña Honores, indica:

Artículo 395º.  Cohecho pasivo específico:

El Magistrado, Árbitro, Fiscal, Perito, Miembro de Tribunal Administrativo o cualquier otro análogo a los anteriores que bajo cualquier modalidad solicite, directa o indirectamente, donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio, con el fin de influir en la decisión de un asunto que esté sometido a su conocimiento, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de ocho ni mayor de quince años e inhabilitación conforme a los incisos 1 y 2 del artículo 36° del Código Penal y con trescientos sesenta y cinco a setecientos días-multa.

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