La Séptima Fiscalía Superior Penal de La Libertad declaró fundada la queja de derecho interpuesta por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A, y ordenó a la sede fiscal de origen, Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Trujillo, formalizar la investigación preparatoria contra la Municipalidad Distrital de Guadalupe por el presunto delito de contaminación ambiental. Esta decisión revocó el fallo del dos de marzo de dos mil veintiséis, que había ordenado el archivo del caso por una supuesta atipicidad.

El caso surgió a fines del año dos mil veinticinco, cuando la JUJ denunció ante la FEMA de Trujillo que el municipio vertía aguas residuales sin tratamiento directamente hacia los canales de riego. Las descargas de las pozas de oxidación afectan al canal del sector Pueblo Viejo y al canal de Pueblo Nuevo. Los agricultores reclamaron que esta mala práctica alteraba el ecosistema agrario y amenazaba la salud pública al discurrir hacia zonas de cultivo.

Inicialmente, la fiscalía archivó la denuncia simplemente aceptando los descargos de la entidad municipal. La FEMA argumentó que el municipio estaba en un programa de adecuación progresiva desde el año dos mil diecinueve, lo cual excluía cualquier ilicitud manifiesta. Añadió que no se evidenció un vertimiento activo durante la inspección y que los rebalses eran apenas contingencias del sistema.

No obstante, el fiscal superior Óscar Fernando Pérez Aguilar rechazó estos argumentos del fiscal de ambiente tras evaluar la apelación. El magistrado concluyó que el archivo priorizó la versión de los investigados sobre las evidencias técnicas. El documento oficial subraya que "no se efectuó una valoración conjunta, integral y razonada de los elementos de convicción actuados durante las diligencias preliminares", mostrando una visión fragmentada del expediente.

Resultó sumamente sospechoso que precisamente cuando el fiscal del caso llegó para una “constatación” se encontró un forado en el “Kayson 2”, pero ningún vertimiento, hecho que hacía presumir de una coordinación para detener la emanación de desagües y librar la responsabilidad; pasada la diligencia continuaría arrojando los desagües a los canales. 

Un aspecto grave del caso es el hallazgo de una estructura oculta para eliminar los efluentes. La disposición fiscal superior señala enfáticamente que "el presunto punto de descarga investigado no constituiría un vertedero formalmente autorizado por la autoridad competente, sino un forado presuntamente implementado de manera clandestina e irregular". Respecto a la supuesta protección del programa de adecuación, el superior precisó que "el régimen de adecuación progresiva no puede ser interpretado como una habilitación irrestricta para efectuar vertimientos sin autorización o mantener infraestructura clandestina de descarga".

La disposición superior incluye reportes de la Autoridad Nacional del Agua que complican la situación legal del ayuntamiento. La autoridad hídrica confirmó que la Municipalidad de Guadalupe no tiene permiso para verter líquidos en los canales agrícolas. Los registros demuestran que las infracciones persisten desde los años 2023, 2024 y 2025, desmintiendo la teoría de accidentes aislados.

Finalmente, la autoridad ordenó llevar a cabo diligencias urgentes y exhaustivas para medir con exactitud el daño ambiental y procesar a los responsables directos. Para ello, se ordenó la ejecución de diversas inspecciones fiscales completamente inopinadas y nuevos análisis químicos tomados directamente en los puntos de las descargas irregulares. Del mismo modo, el fiscal superior dispuso que el fiscal del caso interrogue a los administradores del área de saneamiento de la municipalidad y a los denunciantes para confrontar todas las pruebas técnicas, buscando garantizar una verdadera justicia ecológica y la protección total de los recursos hídricos en la zona.

Una evidencia contundente que no se trata de un hecho aislado es que hace apenas unos días, ante el interminable arrojo de los desagües a los canales, ciudadanos y usuarios del distrito volvieron a formular quejas, que publicamos en Diario Últimas Noticias.

La disposición fiscal superior tiene fecha 28 de mayo de 2026. A poco más de 4 meses de emitida, hasta la fecha no se sabe nada de la investigación que debió abrirse contra el titular de la actual gestión municipal de Guadalupe, Juan Alberto Castañeda Llanos por parte del fiscal responsable del caso en la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Trujillo.