La Contraloría General de la República está solicitando 120 días para impulsar la reforma institucional. El proyecto plantea se le asigne facultades para sancionar administrativamente a autoridades de los gobiernos regionales y locales que incurran en faltas graves en agravio de los intereses del Estado. Un sector de la prensa ha interpretado que esas facultades comprenderían la capacidad de vacar a las autoridades infractoras.

También se plantea la incorporación progresiva de los OCI a la Contraloría con el fin de garantizar su independencia y la fidelidad de sus informes de control.

El contralor Nelson Shack Yalta se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso Nacional y presentó el proyecto de Ley de Fortalecimiento de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control.

Shack Yalta presentó el Informe de Gestión y el citado  proyecto. Explicó que la finalidad es modernizar y asegurar el ejercicio oportuno y eficiente del control gubernamental, así como optimizar las capacidades orientadas a la prevención y lucha contra la corrupción.

La Contraloría explica que la iniciativa legal propone la modificación de los artículos 9, 22, 42, 43, 45, 46, 56 y 57 de la Ley N°27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y plantea 120 días hábiles para ejecutar la reforma.

Propone que la Contraloría apruebe su estructura orgánica, el ROF y cuadro de puestos de la entidad, así como los demás instrumentos de gestión institucional que sean necesarios para su modernización. Durante los 120 días hábiles de plazo, la Contraloría no estará comprendida en los alcances de la Ley N°30057- Ley del Servicio Civil.

LOS OCI

Se plantea que los OCI sean transferidos a la Contraloría para lo cual, a partir de enero del 2018, se le debe asignar recursos para el financiamiento de la incorporación progresiva de los Órganos de Control Institucional (OCI).

Esa transferencia aseguraría una verdadera independencia y objetividad en la labor del auditor. En la actualidad, los OCI dependen administrativamente de las entidades a su cargo, la cual les paga sus remuneraciones.

COMPETENCIAS

El proyecto de ley plantea además ampliar la competencia a la Contraloría para que se apliquen sanciones administrativas a los gobernadores, vicegobernadores y consejeros de los gobiernos regionales; así como a los alcaldes y regidores de los gobiernos locales, de incurrir en infracciones graves o muy graves.

Shack Yalta manifestó que en la actualidad, las autoridades elegidas por votación popular se encuentran exceptuadas de responsabilidad administrativa, por ello, explicó la necesidad de una reforma legal.

Indicó que constituyen conductas infractoras graves o muy graves en materia de responsabilidad administrativa funcional el incumplimiento de las disposiciones que integran el marco legal aplicable a las entidades; incurrir en acción u omisión que suponga la transgresión grave de los principios éticos; realizar actos persiguiendo un fin prohibido por ley o reglamento; así como incurrir en acción u omisión que importe negligencia en el desempeño de la función.

De igual forma, manifestó, que la Contraloría planteará fijar en 50 UIT (S/ 202,500) la multa, según la gravedad de la infracción cometida, cuando los funcionarios o servidores públicos incurran en irregularidades al ejercicio del control.

OTRAS MEDIDAS

Se propone también reducir de cinco a tres los miembros que conforman las Salas del Tribunal Superior de Responsabilidades Administrativas, las cuales constituyen la última instancia administrativa sancionadora.

Las entidades, sus funcionarios y las personas naturales o jurídicas vinculadas o relacionadas al caso en materia de investigación están obligadas a atender cualquier requerimiento del Tribunal Superior en un plazo de siete días hábiles, bajo responsabilidad administrativa funcional, señala la propuesta.

Sobre los principios de control gubernamental, se establece que el acceso a la información debe ser directo, masivo, permanente, en línea, irrestricto y gratuito a las bases de datos, sistemas informáticos y cualquier mecanismo para el procesamiento o almacenamiento de información, que administran las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control.

La propuesta legislativa fue expuesta por el contralor Nelson Shack durante su presentación ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, donde dio a conocer el Informe Anual de Gestión Institucional, los avances de iniciativas legislativas y su priorización para la reestructuración de la Contraloría, así como el plan de trabajo para el control de la Reconstrucción con Cambios.