Durante 20 minutos aproximadamente, una delegación de representantes de las familias residentes en La Primavera y El Algarrobal, amenazadas ahora por la orden judicial de desalojo, dialogó con el secretario del Juzgado Mixto de la provincia de Chepén.

La Policía les cedió el paso luego de que desde el juzgado se autorizó el ingreso. No se encontraba el juez Salvador Bustamante Rojas, pero fueron escuchados por el secretario Víctor Ramiro Hernández Espinoza, quien les explicó que el magistrado se hallaba en Trujillo en audiencia de lectura de sentencia.

Entre los representantes  de los moradores estuvieron Alindor Hernández Hernández, de la Asociación de pequeños agricultores y ganaderos (Apaga); Antonio Rodríguez Rodríguez, secretario de las Rondas Campesinas de El Algarrobal; José Terán, dirigente de La Primavera; Aladino Vergara Cieza, dirigente del Comité unitario de Defensa de La Primavera y El Algarrobal.

Todos ellos expusieron sus puntos de vista coincidiendo en que consideraban que la sentencia judicial es injusta, que temen consecuencias fatales si se persiste en el desalojo, pues no renunciarán a sus posesiones. El diálogo fue cordial pero franco y directo.

Los dirigentes cuestionaron el fallo y la presunta diferencia en la forma de tramitar sus escritos. Dijeron que los recursos del demandante Aita se tramitaban con agilidad, en tanto los de ellos se retrasaban por mucho tiempo.

Rodríguez reiteró lo que había dicho en el plantón que primero el juez les había dado la razón y a los pocos días cambió de parecer. Usted sabe doctor –le dijo al secretario- que no somos ocupantes precarios, ustedes mismos reconocieron eso cuando realizaron la inspección judicial. El fallo no se ajusta a la verdad. Los Aita han comprado con títulos falsos, acusó. Reclamó no haberse tenido en cuenta un proceso penal que les da la razón a ellos, que reconoce su posesión.

José Terán, dijo que en La Primavera cuentan con todos los servicios instalados por el Estado, tales como luz, agua, desagüe. Manifestó que los niños están traumados y las propias familias están en idéntica situación viviendo con el temor de que en cualquier momento serán desalojados.

Versión judicial

El secretario Ramírez dijo que a ellos también les preocupaba la situación, pero que se estaba en un estado democrático y el fallo se ajustaba a ley. Dijo que trasmitiría al juez lo que se le estaba exponiendo. Sin embargo, les recordó que el juicio estaba en etapa de ejecución y que sus abogados seguramente les habían explicado todo sobre el particular.

Pese a estar en etapa de ejecución, dijo que abrigaban la esperanza de que pudiesen encontrar una solución con el demandante, dando a entender que las partes podían llegar a un acuerdo extrajudicial. Esperamos que lleguen a una solución pacífica y así evitar consecuencias funestas, dijo. Sin embargo, les recordó reiteradamente, que el juicio está  en etapa de ejecución. "No estamos en contra de ustedes", les manifestó.