El Juzgado Mixto de esta provincia notificó, mediante edictos, el desalojo de los ocupantes del predio "El Algarrobal", bajo apercibimiento de lanzamiento de no acatar la decisión judicial.

Los edictos han sido publicados conforme al mandato del juez titular doctor Salvador Bustamante; corresponden al Exp. 00555-2005-0-1603-JM-CI-01en los seguidos por Negociación Algarrobal del Moro contra Asociación Agropecuaria San José de Moro Predio El Algarrobal y otros, sobre desalojo por ocupación precaria.

De acuerdo al edicto en referencia, el juez Bustamante ordenó se notifique a los demandados Asociación de pequeños agricultores y ganaderos El Algarrobal de Moro en la persona de sus representantes legales. Se detalla además una relación de más de 60 personas naturales “con domicilio en el Predio Talambo, sector Algarrobal Valle del Jequetepeque con UC Nº 10929”.

La notificación es “para que desocupen y hagan entrega a la demandante el Predio Talambo sector Algarrobal Valle de Jequetepeque con UC Nº 10929 dentro del plazo de seis días, bajo apercibimiento de lanzamiento contra todos los que ocupen el predio aunque no hayan participado en el proceso o no aparezcan en el acta de notificación, a excepción de algún Centro Educativo en el presente año escolar”.

Eso es lo que se detalla en los edictos publicados en Ultimas Noticias los días 14, 16 y 18 de setiembre 2015

El proceso está en la secretaría de Víctor Ramiro Hernández Espinoza.

Pidieron titulación

En julio 2015, el gobernador regional César Acuña Peralta visitó ese sector. Comprobó que allí se ha levantado un asentamiento humano, existe un local escolar, posta médica y hay, inclusive, una asociación de productores de banano orgánico. Los moradores solicitaron a Acuña apoyarlos para obtener la titulación de sus casas.

La autoridad regional ofreció interesarse en el caso. A los pocos días –fue en la segunda quincena de julio 2015- llegó la gerente de Administración y Adjudicación de terrenos del GRLL, Maritza Hurtado Castro. Luego de un trabajo de campo y de documentarse, la funcionaria opinó que no se podía titular a las casi mil familias asentadas en ese lugar, debido a que está en trámite un proceso legal de desalojo.

“El tema está judicializado y el Gobierno Regional no puede intervenir. Es más, ellos ya están legalmente notificados para su desalojo”, precisó la funcionaria.

Apoyo de Comunidad

Los pobladores asentados en Algarrobal de Moro también han recibido el apoyo de la Comunidad Campesina de Chepén (CCCh). Los dirigentes han intervenido tratando de impedir se haga efectiva la orden de desalojo. Ese apoyo data de hace tiempo y se hizo efectivo con acciones judiciales impugnando la venta del predio, la cual calificaron de irregular. El predio fue vendido por la Cooperativa Agraria de Trabajadores Talambo Ltda. 31 a favor de la familia Aita Gervasi y ésta, posteriormente, a un tercero.

En el 2010, Antonio Martínez Sernaqué, presidente de la CCCh, interpuso demanda de nulidad de acto jurídico y otras pretensiones acumuladas. El área en conflicto es de 325.49 hectáreas; el alegato es que la CAT Talambo inscribió irregularmente ese predio a su favor, a pesar de ser propiedad de los comuneros; y después vendió a los Aita Gervasi. Según la CCCh, esas 325.49 hectáreas están inscritas a su favor desde 1970 y comuneros viven en ese sector, por lo que desvirtúan que se trate de una invasión.

Martínez fue asesinado en el 2011.