Es de estatura pequeña, y contextura gruesa; su rostro está curtido por el trabajo del campo. Pero más, su espíritu; a fuerza de la batalla legal que sostiene para evitar el desalojo de las tierras que ocupan en El Algarrobal del Moro, medida que ha sido dispuesta por el Poder Judicial y está para ejecutarse. El fallo favorece a los demandantes Aita Gervasi, quienes reclaman propiedad sobre un área de 325 hectáreas.

Eliseo Valle Caro es el presidente de la Asociación agropecuaria San José de Moro, predio El Algarrobal. Es un cajamarquino afincado en la zona del Algarrobal desde hace 37 años, un poco más de la mitad de los 73 años de vida que tiene. Habla con la convicción de que su lucha es legítima y justa.

Es miembro de la Iglesia Adventista del Sétimo Día, se proclama amante de la paz, rechaza la violencia, cree en la buena fe de la gente, y aspira a obtener justicia. Sostiene que en el juicio que enfrentan no se han valorado apropiadamente las pruebas que existen.

Valle Caro explicó a Ultimas Noticias, que han apelado la decisión judicial que dispone el desalojo.

Consideran que la resolución 106 del Juzgado Mixto de Chepén, diponiendo el desalojo, contiene errores de hecho y de derecho. Detalla entre ellos, que no se está considerando que el área en litigio es propiedad de la Comunidad Campesina de Chepén; no se tiene en cuenta que hay once campesinos que tienen títulos de propiedad dentro de la misma área; no se está considerando que la zona es parte del Patrimonio Cultural de la Nación; tampoco se tiene en cuenta los servicios que allí ha instalado el Estado, como es un centro educativo, y servicios básicos como energía eléctrica, agua y desagüe. Destaca que hay poblaciones establecidas hace varios años, reconocidas por el Estado como asentamientos humanos.

DOS ASENTAMIENTOS HUMANOS
800 familias
4.000 a 5.000 personas

Valle Caro afirma que no se ha considerado notificar a las personas o las familias que tienen sus casas en La Primavera como también en El Algarrobal.

“En la resolución que nos están notificando dicen que seremos desalojados personas que estamos dentro del proceso y fuera del proceso, o sea notificadas y no notificadas. Eso no puede ser justo, cómo va a haber un desalojo en donde hay más de 800 familias y unas 4 mil a 5 mil personas. Entonces, como puede ser que las autoridades no tengan esto en cuenta”, reclamó.

OPINA EL JUEZ SE HA EQUIVOCADO

“Es un error del señor juez actuar de esa forma para desalojarnos. Como campesinos, moradores de este Algarrobal de Moro, más de 37 años de vida tenemos acá. Venimos trabajando como comuneros calificados y como comuneros activos. Además de eso, el señor Aita Gervasi (demandante) no ha tomado posesión de esta área que él ha comprado de la Cooperativa Talambo. Sin embargo, tampoco la cooperativa Talambo ha tenido posesión acá, sino en una forma defectuosa, en una forma ilegal hicieron adjudicar a Cooperativa Talambo las 325 hectáreas que no corresponden a la propiedad de ese entonces de la hacienda Talambo”.

TALAMBO JAMAS FUE DUEÑA

Sostiene que la Cooperativa Talambo jamás fue propietaria del área que le "vendió" a los Aita Gervasi, que las 325 hectáreas son una parte del territorio comunal total. Ni siquiera en la época de la hacienda se consideró ese territorio como parte de la propiedad de la familia Palacios Moreyra. Por eso no se explican cómo es que los cooperativistas pudieron vender algo que jamás les perteneció. Lo explicó así:

“Nosotros hemos buscado si es que verdaderamente la hacienda Talambo tuvo algún título o alguna escritura pública, que alguien le vendió esta área y no hemos podido encontrar.

Solamente encontramos el título ancestral del año 1570 de la Comunidad Campesina de Chepén que tiene un área de 36,704 hectáreas. Este sector Algarrobal está en el seno de esa área que sus límites son: Puente Chamán, Huaca Las Estacas, Cerro Colorado, Cerro Las Vizcachas, de Zaña, Los Cerrillos que va a La Cruz del Mirador, de San Gregorio y viene por las orillas del río Chamán al puente Chamán de donde se ha sacado, digamos, el perímetro que inicia la Comunidad Campesina de Chepén”.

TAMPOCO POSESIONARIA

Insiste en que la Cooperativa Talambo no tenía potestad alguna para vender.

“No podía tener porque nunca tomaron posesión, o fueron propietarios. Como repito, ni el exhacendado Palacios Moreyra ha sido propietario acá, sino que él quizás de una manera estratégica quiso apropiarse de esta área pero nunca tomó posesión tampoco. Ellos (los cooperativistas) el 27 de enero de 1979 nos hicieron un desalojo, ellos nomás, con prepotencia, sin traer un juez, una autoridad, solamente con prepotencia, ¿motivo de qué?, nosotros no estuvimos acá, estuvimos en un mitin en la Plaza de armas de Chepén.

Aprovecharon que no había gente, vinieron y dañaron nuestras casas y nuestros sembríos. Entonces, nosotros hicimos una acción, vino el señor juez de Tierras, para que vea la realidad y encontró (…) las ruinas que habían hecho estos señores de la Cooperativa”.

LUCHA DESDE LOS AÑOS 70

La lucha que sostienen se remonta a la década del 70.

“El inicio del proceso fue con la Cooperativa Talambo, el año 79. (…). Después venden (los cooperativistas) a Aita Gervasi (…). Nosotros estamos defendiendo lo que es la propiedad de la Comunidad, no somos invasores como nos han tomado. No; nosotros somos comuneros calificados, estamos reconocidos y las tierras nos pertenecen como comuneros”.

Agrega: “No solamente tenemos esa demanda de desalojo, tenemos una demanda de nulidad de acto jurídico que está en la Corte de Trujillo, en la Segunda Sala (…). La Comunidad Campesina de Chepén tiene sus títulos, tiene sus actas de colindancia, tiene su plano perimétrico y tiene reconocimiento legal que es la resolución número 243 del 3 de mayo de 1948”.

Basado en la existencia de esos documentos que acreditan –reitera- su propiedad, la Comunidad Campesina ha planteado juicio sobre nulidad de acto jurídico buscando invalidar la venta hecha por la Cooperativa Talambo.

CONFIA

Valle Caro admite que enfrentan una situación muy complicada, es consciente que la orden de desalojo está para ejecución. Pero confía en Dios y en la justicia. Reitera que las tierras son de propiedad comunal que les fueron dadas por el virrey Toledo en el año de 1,570.
Espera que la orden de desalojo no se cumpla.

“Todos vamos a oponernos a este desalojo. No sé qué es lo que podría suceder, como dijo un héroe, hasta derramar la última gota de sangre estaremos luchando acá, y no seremos desalojados porque tenemos que oponernos, porque somos familias pobres, humildes y no podemos dejar lo que es el sustento de nuestras vidas (…). Toda la gente estamos con el mismo dicho: no nos vamos a dejar quitar nuestras tierras, motivo que son el sustento de nuestras vidas, es sustento para nuestros hijos, para nuestras familias, educación, sanidad y alimentación. Yo estoy viviendo acá más de 37 años por eso es que tengo la documentación desde que se inició el problema y la puedo mostrar en cualquier momento, a cualquier autoridad”.

DEFIENDE

"Se puede demostrar que tenemos la razón y la justicia debe revisar todos los actuados para encontrar la verdad".