Los acontecimientos que han seguido al anuncio de la renuncia hecha por el profesor y abogado Leoncio Alcántara Ponce al cargo como director de Ugel Pacasmayo, son bastante deplorables. Personajes con delicados cargos públicos, formulándose mutuas acusaciones sobre la presunta comisión de actos de corrupción, lo cual nos lleva a una ineludible pregunta, ¿por qué no los denunciaron o se pronunciaron antes?

La comunidad sabe lo que se venía comentando respecto de supuestas irregularidades y presuntas injerencias político partidarias en la Ugel Pacasmayo. Ha sido un tema que tampoco era desconocido en la instancia del Gobierno Regional. Sin embargo, no hubo pronunciamiento alguno pese a las denuncias periodísticas.

Anunciada la renuncia, han venido las acusaciones de las partes que han resultado involucradas. Todas las acusaciones en un tono que deja mucho que desear por la adjetivación empleada, y por el oportunismo.

Es cierto que nadie es culpable, frente a la justicia, de hechos que se imputan en tanto no haya una sentencia firme. Eso es real. Pero tampoco implica que no pueda hacerse conocer de los hechos que son materia de denuncias a fin de que la comunidad tome conocimiento de las mismas y haga su propia valoración respecto de lo que se conoce, y que debe investigarse para bien de la política anti corrupción que reclama la sociedad.

Es deplorable todo eso, como también lo que se ha denunciado por las partes implicadas en el tema. Son denuncias bastante delicadas que –de ser ciertas- nos ponen frente a un escenario que nos debe preocupar y ante el cual debemos reclamar correctivos. Hablamos de instancias vinculadas al sector educación que resulta clave para el desarrollo del país, dentro de parámetros que nos conduzcan a ser un país distinto al actual.

Desgraciadamente, hay instituciones del Estado que cuentan con oficina de control interno, pero sus representantes están pintados pues no intervienen adecuadamente cuando existen denuncias como las que se han formulado. Eso debe ser corregido. Se debe tener funcionarios probos dispuestos a cumplir su rol fiscalizador por incómodo que sea. El país les ha confiado controlar la buena marcha de las instituciones del Estado, y eso deben hacer.

Frente a una situación tan delicada, conviene disponer las investigaciones tanto sobre los presuntos malos manejos en el gobierno de la Ugel Pacasmayo que se le atribuyen al director y otros funcionarios, el presunto tráfico de influencias imputado al consejero Castellanos, y las imputaciones que Alcántara Ponce ha hecho contra dirigentes sindicales. Son situaciones preocupantes que no deben pasar por alto y olvidarse aceptando simplemente la renuncia.

Debe establecerse qué hay de cierto en todo lo que se ha denunciado públicamente a fin de poner fin a situaciones anómalas que son un obstáculo en la intención de trabajar ordenadamente por una educación de calidad. Para eso se requiere que todos los agentes comprometidos directamente o indirectamente tengan conductas impecables y actúen conforme a principios éticos y morales sólidos.