Una muy delicada situación se presenta en la Municipalidad Provincial de Pacasmayo- San Pedro de Lloc, con los programas sociales alimentarios. En el caso del Vaso de leche, recién ha salido a la luz en el mes de julio, por intervención del regidor Segundo Joel Alvites Castrejón (APP); y, en cuanto a los comedores populares, por la indagación de la regidora Carmen Chamochumbi Casanova (PAP).

Los beneficiarios de los dos programas sociales alimentarios están desabastecidos casi desde comienzos de año. Este evento merece la intervención de las autoridades a las que corresponda con el fin de garantizar los derechos de los usuarios. A esos programas, el Estado destina partidas específicas que deben ser invertidas a tiempo. Dejar sin alimentos a esos grupos sociales desprotegidos, es atentar contra su derecho fundamental a la alimentación que está consagrado constitucionalmente. No hacerlo ameritaría denuncia penal contra los responsables.

Siendo que el Estado busca garantizar la alimentación a las familias cuya condición de pobreza está acreditada, resulta un crimen privarlas de los alimentos pese a tener las partidas presupuestales a su disposición. Este es el punto central del problema. Aquí hay una situación muy delicada que, creemos, amerita la intervención de las propias autoridades pertinentes para denunciar a quienes resulten responsables de esta situación. Privar a niños, ancianos, madres gestantes y enfermos de TBC de sus cuotas de leche, o de los alimentos que se les proporciona a través de los comedores populares, consideramos es un delito.

El problema no es solo de la Municipalidad de San Pedro de Lloc, se repite en otros municipios. No logramos entender cómo es que, tratándose de procesos que se realizan en forma permanente, casi siempre se presenten contratiempos. Se supone que hay un historial de los procesos a los cuales se debe consultar para guiarse en forma correcta y evitar caer en vicios o irregularidades. Pero, año a año asistimos a las mismas denuncias, a las mismas omisiones y/o irregularidades lo que quiere decir que hay improvisación y negligencia o se facilita impugnaciones por supuestos interesados direccionamientos de las licitaciones.

Se pide pruebas y esa es una forma de impresionar pretendiendo demostrar así su supuesta inocencia, pues es sabido que la corrupción como los delitos de diversa naturaleza sus autores se cuidan de no dejar huellas. Los sucesos que vienen ocurriendo en algunas municipales deben comenzar a mirarse con más profundidad y prolijidad para evitar, por ejemplo, atentados contra el derecho a la alimentación de los más pobres.

Los hechos que son materia de denuncia en las últimas semanas acerca de lo que viene ocurriendo con los citados programas en las municipalidades de Guadalupe y San Pedro de Lloc –y estaría repitiéndose en otras- deben merecer mayor atención de las autoridades. No se debe permitir que esto se prolongue por tanto tiempo. Se está privando de alimentos a cientos de personas. Estamos ya a menos de cuatro meses de terminar el 2015 y esos programas alimentarios siguen interrumpidos. La causa no es la falta de partidas presupuestales, sino otras razones que deben investigarse exhaustivamente para sancionar a quienes resulten responsables. Esta situación no debe permitirse se prolongue por más tiempo. Hay culpables. Deben ser identificados, procesarlos y sancionarlos.