Los familiares de Flor de María Cubas Moza -quien fuera asesinada y su cuerpo arrojado al cauce del Canal Talambo para simular una muerte accidental- han protestado por la libertad concedida al principal sospechoso del homicidio: el conviviente de la joven víctima, Alvaro Chilón Vargas. Este apeló al mandato de prisión preliminar dictado por el Juzgado de Investigación Preparatoria de Chepén, y una sala superior le concedió quedar fuera de prisión. La familia, con toda razón, ha protestado contra la actuación fiscal por la forma como se ha dirigido la investigación.

Recordemos los hechos. Flor de María Cubas, una madre de familia con solo 20 años de edad, salió el 19 de abril del 2014 de la vivienda de sus padres, en Limoncarro, ante una llamada telefónica de su conviviente quien no podía llegar a la casa porque era mal visto por la familia de la joven. El cadáver de Flor de María fue hallado al día siguiente en el Canal Talambo. El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital de Chepén y enterrado, algunos días después, en fosa común por no haberse logrado la identificación de la occisa y nadie reclamó su cuerpo. Los primeros días de mayo, el cuerpo fue exhumado al reconocerse a la víctima.

Aquí hay una primera negligencia de la Fiscalía y de la PNP. Se debió tomar las huellas dactilares y pedir a Reniec la identificación.

Es deplorable que con toda la tecnología no se haya podido identificar a esa persona. Eso se puede hacer y hay equipos disponibles. Aquí hay una primera negligencia de la Fiscalía y de la PNP. Se debió tomar las huellas dactilares y pedir a Reniec la identificación. No se hizo alegando que no se tenía equipos disponibles y el cadáver, en todo caso, tenía que trasladarse a otro lugar para la toma de las huellas. Argumento absurdo; sí había forma de hacerlo sin necesidad de ese traslado.

Aun cuando no se conoce el contenido de la sentencia resolviendo la apelación a favor del denunciado, lo que recién ocurriría esta semana, el Poder Judicial habría resuelto que no existen pruebas que acrediten de manera fehaciente la presunta responsabilidad de Vargas Chilón. Los familiares alegan que una prueba contundente era la muestra de ADN del semen hallado en el cuerpo de Flor de María, para demostrar que estuvo con el presunto homicida. El fiscal del caso, Renato Piero Vicuña, acepta que no se hizo dicha prueba porque en la Gerencia de Criminalística le respondieron que no había insumos y no había presupuesto. No puede aceptarse una "excusa" semejante. El Gobierno tiene que garantizar recursos necesarios. Y si esto no es así, corresponde al fiscal agotar instancias para resolver la situación y contar con una prueba indispensable para evitar que sus denuncias fracasen.

No puede permitirse que una investigación penal se frustre por la supuesta falta de presupuesto para una prueba fundamental.

No puede permitirse que una investigación penal se frustre por la supuesta falta de presupuesto para una prueba fundamental. Esta es una situación que, de ser cierta, debe resolverse sin demora para evitar que se repita. Tiene que garantizarse que eso no vuelva a ocurrir. Pero, de otro lado tenemos la suma de indicios que abonan a atribuir la presunta autoría del delito al conviviente. Nada de lo cual parece haber sido tomado en cuenta a la hora de resolver en la instancia judicial. Lo cierto es que el presunto homicida ya está en libertad. Si se hallasen pruebas en su contra, será -como enj otros casos- muy difícil capturarlo, con lo que se corre el riesgo que el crimen quede impune. Esperemos que no sea así. La familia de la occisa tiene fundadas razones para protestar.