La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pacasmayo, el viernes 4 de septiembre, emitió providencia fiscal con la finalidad de reforzar y continuar la investigación preliminar seguida contra Nancy Elizabeth Palacios Linares, como presidenta de la Junta de Usuarios Jequetepeque y otras 17 personas relacionados con dicha organización, entre ellos directivos y funcionarios. También el ex jefe de la Administración Local del Agua Jequetepeque, Oscar Arrasco Yarrín, quienes son investigados por los presuntos delitos Contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Banda Criminal en agravio del Estado; Contra el Patrimonio en la modalidad de Apropiación Ilícita y Administración Fraudulenta, en agravio de la Junta de Usuarios Jequetepeque; y Abuso de Autoridad y Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales y Banda Criminal en agravio de la JUJ y el Estado Peruano.

Según la Providencia Fiscal 001-2026, suscrita por el fiscal del caso, Agustín Germán Risco Baquedano, los denunciados de esta presunta organización, habrían operado de manera sistemática en agravio directo de la mencionada junta de usuarios y del propio Estado Peruano, cuya investigación declarada compleja consta en la carpeta fiscal 2943-2025.

El representante del Ministerio Público recuerda que el denunciante aportó como prueba de su demanda que el Proyecto Especial Jequetepeque - Zaña (PEJEZA) reportó oficialmente que la Junta de Usuarios mantiene una deuda acumulada que "asciende a S/. 42,845,812.61 soles", correspondiente al periodo comprendido entre los años 2017 y 2024 por concepto de las no transferencias del componente de la tarifa de agua por infraestructura hidráulica mayor. Sustentó ello en la carta 094-2025 remitida por el Pejeza el 30 de septiembre de 2025.

En la comunicación, se especifica que parte de dichos adeudos se encuentran judicializados en los expedientes 126-2024, por S/ 23 millones 172 mil 920,21; y en el expediente 233-2021 por S/ 1 millón 352 mil 544,18; ambos procesos tramitados ante el Juzgado Civil de San Pedro de Lloc.

La investigación fiscal también acogió el Informe Técnico N° 02-2026 de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) que, "concluye que la Junta de Usuarios del Sub Sector Hidráulico Menor Jequetepeque Clase A, viene recaudando recursos correspondientes a la tarifa por utilización de la infraestructura hidráulica mayor de PEJEZA" desde el año 2017 hasta el actual 2026. 

El delito radicaría en que la Junta utilizó estos recursos durante casi una década a pesar de "no contar con título habilitante como operador de la infraestructura hidráulica mayor". Más aún, el fiscal subraya que los investigados no han logrado acreditar "haber realizado la transferencia íntegra y oportuna de los recursos recaudados al operador reconocido por la ANA".

Entre los investigados por presunto delito contra el patrimonio y la tranquilidad pública en la modalidad de banda criminal, además de Nancy Elizabeth Palacios Linares, están Pedro Hernando Quilcate Pairazamán, Marixa Monja Nicolás, Pedro Javier Escobar Zapata, José Wilfredo Isla Urteaga, Dionicio Bruno Rojas, Edgar Albert Salazar Arias, Vicente Evangelsta Linares Abanto, Roxana Soberón Flores, Hernán Alberto Vera Calderón, Victoriano Segundo Cruz Torres, Humberto Eusebio Cáceda Vásquez, Darío bazán Cabanillas, Humberto Izquierdo Gonzales, Doris Rosario Álamo Mera, Rodrigo Farro Muñoz, y Aracelly Maribel Bueno Urbina. Dentro de este grupo, el caso del ex Administrador Local del Agua Jequetepeque, Oscar Arrasco Yarrin resulta particular, ya que la fiscalía le imputa de manera específica la presunta comisión de los delitos de "Abuso de Autoridad y Omisión, Rehusamiento o Demora de Actos Funcionales y Banda Criminal".

El caso, por lo señalado en la providencia fiscal, no solo comprende la presunta deuda de más de más de 42 millones reclamada por el Estado a través del Pejeza por retener y utilizar ilegalmente recursos públicos, sino abarca también el proceso electoral para la renovación del consejo directivo de la JUJ y que fue denunciado por presunta manipulación para favorecer a la directiva que resultó inscrita en Sunarp con resolución del Administrador Local del Agua, también denunciado.

TRABAJO INCOMPLETO DEL DEPINCRI-P 

Debido a que el Departamento de Investigación Criminal de Pacasmayo no concluyó con la totalidad de los actos de investigación dispuestos en el plazo inicial de sesenta días, el fiscal Risco Baquedano ordenó nuevas acciones urgentes. Como primera medida, citó al investigado Oscar Arrasco Yarrin para que rinda su declaración indagatoria obligatoria el jueves 17 de septiembre de 2026 en la sede fiscal.

Asimismo, citó a dos efectivos policiales para que testifiquen sobre las actas de constatación realizadas en octubre del año pasado. La investigación también convoca para que provean documentos relacionados a las elecciones de la organización de usuarios, como actas, al juez de paz de Pacanga, al comisario PNP de San José, y al comisario PNP de San Pedro de Lloc.

Al responsable de los pagos que debe hacer la JUJ al Pejeza por la TUIHMA también se le ha requerido informar sobre los abonos que debió realizar; y al Pejeza sobre las obligaciones de la JUJ por pago de tarifa.

A esto, el fiscal añadió requerimiento sobre el destino del dinero de los agricultores, al responsable administrativo de la Junta de Usuarios que remita documentación para comprobar si efectuaron el pago de los más de 42 millones de soles a favor de PEJEZA y si han realizado las auditorías sobre el patrimonio de la entidad.

En esa misma línea, el fiscal ofició a la Autoridad Nacional del Agua para que precise legalmente qué acciones administrativas ha dispuesto "contra los responsables de la omisión de no transferir los recursos recaudados".

El fiscal ha considerado en este contexto de investigación, la reciente sentencia de amparo que declaró la nulidad de la resolución que reconocía al consejo directivo de la Junta, ordenando realizar elecciones complementarias de forma exclusiva en cinco comisiones.

Ha llamado la atención, por el interés general que involucra en este caso recursos económicos del Estado Peruano, que la investigación se haya extendido al límite de los plazos y se tengan que emprender acciones complementarias por una aparente falta de diligencia en el personal policial.