El jefe de la Región Policial La Libertad, Gral. PNP Ricardo Espinoza Cuestas declaró que el caso del asesinato a tiros de la abogada Helenn Guilianna Silva Padilla está casi resuelto.

Comentó algunos aspectos de la investigación respecto de los posibles autores intelectuales, sin embargo sobre el sicario que ejecutó el crimen no se pronunció.

El máximo jefe policial de La Libertad dijo a Sol TV, “Lo que sabemos es que se le ha estado reclamando a la abogada la devolución de un dinero por una defensa técnica en la que la parte, en este momento supuestamente agraviada, no estaba conforme. Y ese reclamo se ha agudizado de tal manera que ha llegado hasta estas consecuencias”.

Añadió que “esa es la hipótesis que hemos construido con la información que hemos levantado. Entonces, ya se encuentra en este momento la policía, haciendo las diligencias para ubicar a las personas vinculadas a este hecho y capturarlas y en los próximos días les daremos resultados.”

Aseguró que “para nosotros el caso ya tiene sentido, ya está construido y está en pleno desarrollo las investigaciones; pero en estos casos yo le llamo defensas peligrosas cuando están vinculadas ya a bandas criminales en las cuales hacen pactos y la litigación queda de costado, entonces allí es donde se genera esta conflictividad y eso tenemos evidencia de que ahí se ha producido esta vinculación”.

Como se ha dicho de otros casos, concluyó que este, “ya está en investigación y el caso se va a esclarecer prontamente porque ya lo tenemos mapeado; solamente estamos en estos momentos haciendo la persecución para detener a las personas vinculadas a este hecho criminal.”

Las declaraciones del jefe policial regional se dieron en un contexto en el que a través de redes sociales se masificaba la difusión de una versión sin pruebas que atribuían la presunta autoría intelectual del atentado a 3 efectivos policiales que realizaron una intervención en marzo de 2024 en la que el intervenido terminó con una pierna amputada. El caso de supuesto abuso de autoridad fue archivado por el Ministerio Público.

La abogada que ejercía la defensa del presunto agraviado, anunció públicamente que quejaría la resolución fiscal para que se reabra el caso y se investigue a los policías. Dos días después de esa declaración ocurrió el atentado que le quitó la vida.