La Municipalidad Distrital de Pacasmayo promulgó una norma local que busca recuperar y mantener la calidad de los espacios públicos del distrito. A partir de la publicación de la Ordenanza Municipal 00007-2026-MDP/A, quedó prohibido utilizar las calles, veredas y áreas verdes para lavar y reparar vehículos. Esta medida tiene como propósito principal reducir el desorden y la contaminación que afectan el adecuado uso de los espacios públicos y el libre tránsito.

La disposición aprobada de forma unánime por el concejo municipal, se emitió el 16 de julio de 2026. La autoridad local sustenta que diversas vías públicas eran utilizadas indebidamente para el desarrollo de actividades comerciales de mantenimiento, reparación y lavado vehicular. Esto no solo generaba dificultades para el libre tránsito de peatones y conductores, sino que también causaba un daño progresivo al ornato de la ciudad. La ordenanza señala que estas prácticas ocasionan el "deterioro de la infraestructura vial, contaminación por derrame de aceites y otros residuos, riesgos para la seguridad y salubridad pública".

Con la entrada en vigencia de esta normativa, ninguna persona natural o jurídica podrá realizar mantenimiento, reparación mecánica o eléctrica, trabajos de planchado y pintura, lavado o cambio de aceite en la vía pública. Tampoco estará permitido exhibir u ofrecer vehículos o maquinaria pesada en venta o alquiler ocupando las calles. La norma municipal establece la "prohibición de estacionamiento permanente o prolongado de ómnibus, microbuses, camiones, remolques o semiremolques [...] cuando ello obstruya, dificulte o afecte el tránsito". De esta manera, el concejo municipal busca consolidar y garantizar el uso exclusivo para el que fueron diseñadas las vías locales.

Para asegurar que los ciudadanos y dueños de talleres respeten la norma, la municipalidad ha incorporado infracciones y sanciones económicas en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS). Aquellos que realicen o faciliten el lavado y la reparación de vehículos en la calle recibirán una multa equivalente a 0.3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Además del pago de la multa, las autoridades podrán aplicar medidas provisionales y complementarias inmediatas, como la "retención de productos y mobiliario" utilizado para cometer la infracción. La situación será mucho más severa si un negocio formal, que ya cuenta con un local autorizado para dicha actividad, decide ocupar la calle para brindar sus servicios vehiculares; en este caso, la multa ascenderá a las 0.7 UIT y procederá la "clausura definitiva" del establecimiento.

Se dispuso que la labor de fiscalización de estas nuevas prohibiciones serán ejecutadas por las subgerencias de Fiscalización y Control, Licencias y Comercialización, y Seguridad Ciudadana, quienes coordinarán acciones para realizar operativos inopinados de forma conjunta en la jurisdicción. Para lograr un control efectivo del orden público, la ordenanza indica que las autoridades municipales "podrán solicitar la intervención de la Policía Nacional del Perú y/o de la Fiscalía especializada cuando sea necesario para detener la actividad y proceder con las sanciones" correspondientes.