La Libertad se encuentra bajo una nueva ofensiva legal contra el crimen organizado. El Ejecutivo con el Decreto Supremo N° 078-2026-PCM, prorrogando por 60 días el Estado de Emergencia en Trujillo y Virú, e incorporando a la provincia de Chepén, a partir del 26 de mayo de 2026, ha facilitado una herramienta legal que no puede terminar desaprovechada. 

La norma establece un esquema de comités con responsabilidades sumamente específicas para cada autoridad que pondrá a prueba la capacidad operativa del Estado y obtener como resultado capturas de delincuentes, desarticulación de bandas, golpes efectivos contra el tráfico de drogas y una pacificación efectiva de las calles. No se trata de mejorar la vigilancia de las calles para -luego de terminado el período de emergencia- volver al caos; o peor aún que el estado de emergencia pase desapercibido y el dominio del hampa continúe.

La norma prevé la instalación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por el Jefe de la Región Policial La Libertad, quien asume la jefatura de las acciones integradas. 

La norma prevé la instalación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), liderado por el Jefe de la Región Policial La Libertad, quien asume la jefatura de las acciones integradas. Su tarea es fijar metas para las unidades policiales, coordinar los planes multisectoriales e implementar, junto a la PCM, una plataforma digital interoperable de datos criminales.

Al finalizar la emergencia, tendrá un plazo de cinco días hábiles para elevar un informe detallado a la Presidencia, el Congreso y el Poder Judicial.

A la Policía Nacional del Perú (PNP) le toca mantener el orden interno y definir las zonas de intervención usando mapas del delito e inteligencia. Deberá intensificar las operaciones en comisarías, brindar seguridad especial a jueces y fiscales, e informar a Osiptel sobre celulares y chips incautados o vinculados a extorsiones. Como refuerzo operativo, los alumnos del último año de la escuela de suboficiales asumirán labores administrativas y operativas en Trujillo. Por su parte, las Fuerzas Armadas deberán ejecutar acciones militares de apoyo a la PNP, patrullaje permanente y resguardo de entidades públicas.

En el nivel local, el Comité de Coordinación Distrital (CCD) deberá coordinar los patrullajes integrados y activará una red de información confidencial con la sociedad civil para capturar bandas criminales.

En el nivel local, el Comité de Coordinación Distrital (CCD), comandado operativamente por el comisario más antiguo y políticamente por cada alcalde, deberá coordinar los patrullajes de las fuerzas integradas y activará una red de información confidencial con la sociedad civil para capturar bandas criminales.

Los alcaldes de Trujillo, Virú y Chepén tienen la orden de incrementar el número de serenos contratando a exmilitares o expolicías, y poner su logística a disposición del CCO. Además, deberán interconectar sus cámaras municipales con la Central 105 de la PNP. En dichas centrales locales se garantizará la permanencia obligatoria de un efectivo policial designado por el CCD y un fiscal asignado por el Ministerio Público.

Cabe preguntarse si el sistema de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Chepén se encuentra en perfecto estado operativo y con capacidad para integrarse a la central 105 de la PNP.

El Comité de Inteligencia (CI), bajo la dirección de la DIVREINT de La Libertad, tiene el encargo de producir inteligencia táctica diaria. 

El Comité de Inteligencia (CI), bajo la dirección de la DIVREINT de La Libertad, tiene el encargo de producir inteligencia táctica diaria. Este comité deberá integrar datos predictivos, financieros y penitenciarios en tiempo real, convocar a ex miembros de equipos especiales y activar un sistema de videovigilancia con reconocimiento facial. Asimismo, deberá usar imágenes satelitales de la CONIDA y drones para monitorear penales y evitar fugas o delitos internos.

El Comité de Fiscalización (CF), presidido por la DIVINCRI local, ejecutará operativos diarios en mercados ilegales contra la trata de personas, drogas, armas y autopartes. En este espacio, Migraciones deberá verificar y expulsar extranjeros mediante el procedimiento sancionador especial, mientras que Sucamec incautará armas y fiscalizará pirotécnicos ilegales. Osiptel tendrá que suspender de forma inmediata las líneas telefónicas preactivadas o ligadas a extorsiones.

El INPE por su parte debe ejecutar un régimen estricto. Restringirá visitas familiares a una semanal o quincenal según el régimen cerrado, aplicará apagones eléctricos en celdas y destruirá antenas ilícitas.

El INPE por su parte debe ejecutar un régimen estricto. Restringirá visitas familiares a una semanal o quincenal según el régimen cerrado, aplicará apagones eléctricos en celdas y destruirá antenas ilícitas. También registrará accesos con apoyo policial, usará el polígrafo en su personal y trasladará de inmediato a internos peligrosos. Por último, el Ministerio Público y el Poder Judicial ampliarán sus capacidades presupuestales para acelerar la respuesta de la justicia.

Todas estas acciones que deben ejecutarse para tener un resultado efectivo al término del Estado de Emergencia puede y debe ser fiscalizado por la sociedad civil organizada. No cumplir con estas medidas hará que el estado de emergencia sea un fracaso; o peor aún que la criminalidad baje momentáneamente y vuelva con la misma fuerza, implantando luto y dolor en la provincia de Chepén, como en las otras.